El pleno del Congreso de la República afronta hoy una jornada crucial, pues se votarán las acusaciones constitucionales que podrían derivar en la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dos ex presidentes de la República: Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
Lo mismo sanción podría aplicarse para cuatro exministros de Estado, si así lo decide el Poder Legislativo. Se trata de Salvador del Solar, Vicente Zeballos, José Élice y Rubén Vargas.
Los pedidos de inhabilitación están relacionadas con presuntas infracciones constitucionales cometidas durante sus respectivas gestiones, particularmente vinculadas al “manejo de las fuerzas del orden” y “decisiones en contextos de crisis política”.
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En el caso de Martín Vizcarra, quien fue presidente de la República entre 2018 y 2020, la nueva acusación constitucional se basa en la supuesta irregularidad en la disolución del Congreso en septiembre de 2019.
Vizcarra ya fue inhabilitado previamente por ocho años en 2021 debido al caso “Vacunagate”, pero esta nueva medida podría extender su impedimento de ejercer cargos públicos.
A Francisco Sagasti, presidente de transición entre 2020 y 2021, se le acusa por la supuesta responsabilidad política en la remoción de altos mandos policiales tras la crisis generada por la salida de Manuel Merino y el nombramiento de Rubén Vargas en el Ministerio del Interior.
De prosperar la acusación, podría ser inhabilitado por hasta 5 años.
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En cuanto a los exministros, Salvador del Solar está comprendido en la acusación por la disolución del Congreso ocurrida en septiembre de 2019, cuando era presidente del Consejo de Ministros de Vizcarra.
Aunque el Tribunal Constitucional (TC) validó la medida en 2020, algunos sectores parlamentarios insisten en que existió una infracción constitucional.
Por su parte, Vicente Zeballos, expremier y exministro de Justicia, también figura en el caso de la disolución del Congreso y otras decisiones tomadas durante el gobierno de Vizcarra.
Y en cuanto a José Élice y Rubén Vargas, exministros del Interior, se les imputa responsabilidad en los cambios realizados en la Policía Nacional durante el periodo de gobierno de transición, tras la crisis política de noviembre de 2020.
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Las decisiones del pleno requieren mayoría calificada (dos tercios del número legal de congresistas, es decir, al menos 87 votos) para aprobar la inhabilitación por infracción constitucional.
De aprobarse las inhabilitaciones, los afectados quedarían impedidos de ejercer cargos públicos por el periodo establecido en cada caso. Además, en algunos de los casos, estas decisiones podrían ser apeladas ante instancias judiciales o incluso al Tribunal Constitucional.
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Congreso rechazó inhabilitar a Sagasti
El Congreso no alcanzó los votos necesarios para inhabilitar al expresidente de la república, Francisco Sagasti por 10 años por presunta infracción constitucional, debido al pase al retiro de oficiales de la Policía Nacional durante su gobierno.
Sin embargo, el legislativo aprobó la resolución que declara haber lugar a formación de causa penal contra el exmandatario por el presunto delito de abuso de autoridad.
