El Pleno del Congreso se reunirá este miércoles 20, desde las 17:00 horas, con el fin de abordar dictámenes de proyectos de ley para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país, y el pedido de delegación de facultades al Poder Ejecutivo.
La citación fue dispuesta por el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.
El pasado viernes la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen recaído en el PL 5632/2023-PE que propone la Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres – Niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.
El plazo que se le otorgó al Poder Ejecutivo es de 90 días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la ley y ahora debe ser ratificado en el pleno del Parlamento.
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Dentro de estos parámetros, el dictamen resalta que la cuestión de la meritocracia está orientada a “fortalecer la administración pública para un mejor servicio”. Esto se llevará a cabo mediante modificaciones al marco legal actual, con el propósito de garantizar la igualdad en la remuneración y el trato de los empleados públicos, a través de su inclusión en el sistema del Servicio Civil.
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En otro aspecto, se indica en el documento aprobado que el Ejecutivo tendrá la facultad de legislar para modificar el Código Penal en relación con la seguridad y la tranquilidad públicas, sin que ello implique la restricción de libertades fundamentales como la libertad de expresión, opinión y reunión. Asimismo, se actualizará el nuevo Código Procesal Penal para mejorar la regulación de la investigación de delitos y la participación de la Policía Nacional y el Ministerio Público en este proceso.
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En la misma línea, se llevará a cabo una revisión del marco legal relacionado con el crimen organizado, el tráfico de drogas, el control de sustancias precursoras de estupefacientes y delitos relacionados. Esto también comprenderá delitos aduaneros, pesca ilegal y violación de derechos de propiedad intelectual. Adicionalmente, se otorgará al Ejecutivo la autorización para modificar la ley que permite la ejecución de proyectos de infraestructura social básica.
En este contexto, se permitirá al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de Foncodes, llevar a cabo proyectos de inversión social en comunidades rurales en situación de pobreza de manera excepcional. Del mismo modo, se facultará al Ejecutivo para realizar ajustes en la Ley Marco de Prestación de Servicios de Saneamiento.
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