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El pleno del Congreso aprobó el informe final de la comisión investigadora de la vacunación irregular contra el coronvirus. La representación nacional aprobó con 84 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones el documento que recomienda denunciar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al expresidente Martín Vizcarra, y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.
Asimismo, el informe concluyó que en el Ministerio de Salud, con la colaboración de algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, existió una estrategia de favorecimiento al laboratorio Sinopharm, proveedor de la vacuna china.
Antes de realizar la votación, el titular de la comisión investigadora Otto Guibovich indicó que se pedía retirar una de las recomendaciones del informe final respecto a la citación de los ministros de Salud y Relaciones Exteriores, debido a que las actas que no fueron entregadas en su momento, fueron recibidas por el grupo de trabajo.
Acusaciones
El informe recomendó denunciar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al expresidente Martín Vizcarra, así como a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.
En el caso de Martín Vizcarra, por presuntamente haberse cometido los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, colusión, cohecho pasivo impropio, así como falsa declaración en un procedimiento administrativo.
Asimismo, se le imputa la presunta comisión de infracciones constitucionales a los artículos 2, 7, 38, 39 y 118 de la Constitución Política.
En tanto, a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, se les atribuye haber cometido el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La comisión también incluye al exministro de Relaciones Exteriores, Mario López por el presunto delito de colusión.
En cuanto a las infracciones constitucionales, Mazzetti habrían incumplido los artículos 9, 38 y 39 de la Constitución, mientras Astete los artículos 38 y 39. El exministro Mario López también fue incluido en las infracciones a los artículos 38 y 39 de la Constitución.