La bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley para evitar que los parlamentarios que se encuentran investigados o que hayan sido sancionados por la comisión de Ética ocupen cargos en la Mesa Directiva o presidan comisiones.
La iniciativa en mención, impulsada por Roberto Chiabra, recibió el respaldo de los legisladores Eduardo Salhuana, Manuel García, María Acuña, Nelcy Heidinger y Lady Camones.
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De acuerdo al proyecto, que modifica los artículos 20 y 34 del reglamento del Congreso, se precisa que los congresistas estarán prohibidos de integrar la Mesa Directiva, ser propuestos para algún cargo directivo del cuadro de comisiones (presidente, vicepresidente o secretario), y de participar de viaje oficial al exterior en representación del Parlamento, “cuando se encuentren comprendidos en procesos penales en trámite o hayan sido sancionados por la Comisión de Ética”.
En este último supuesto, la sanción acarreará que no puedan ser elegidos bajo ningún motivo como integrante del grupo de trabajo.
Los legisladores investigados o sancionados tampoco podrán conformar las comisiones ordinarias, de investigación, especiales y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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En la propuesta se precisa que es necesario hacer estas prohibiciones para controlar descrédito que goza hoy en día el Parlamento.
“Ha sido de carácter público casos presentados ante la Comisión de Ética Parlamentaria que no obtuvieron la sanción requerida, uno de ellos, es el caso de una congresista que fue denunciada por recorte de sueldos a sus trabajadores y luego fue sancionada con el descuento de un mes de sus haberes y amonestación en la Comisión de Ética Parlamentaria. Pese a ello, fue propuesta por su bancada para integrar la comisión que la sancionó”, indicaron en la iniciativa legislativa, en alusión al caso de la congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez.
También se señala que aquel congresista que viaje al exterior en representación de la institución “deberá estar libre de cuestionamientos que le permita representar a la institución de la mejor manera ante otras autoridades oficiales, organismos internacionales, eventos u otros análogos”.
“Por lo expuesto, es imperativo establecer requisitos mínimos que permitan que parlamentarios cuestionados sean designados en cargos directivos los cuales puedan afectar la imagen y prestigio del Congreso ante la ciudadanía”, se lee en la propuesta.
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