Patricia Benavides y Patricia Chirinos vienen siendo investigadas por los presuntos delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico. Foto: difusión
Patricia Benavides y Patricia Chirinos vienen siendo investigadas por los presuntos delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico. Foto: difusión

El  evaluará el próximo viernes 31 de enero, a partir de las 2:45 p.m., la solicitud del para acceder al secreto de las comunicaciones de la exfiscal de la Nación, , y la congresista de Renovación Popular, , en el marco de la investigación que se les sigue a ambas por los presuntos delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico.

Según informó RPP, la audiencia virtual estará a cargo del juez supremo provisional Saúl Peña Farfán, quien analizará el requerimiento que hizo la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos en julio del año pasado.

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Ese mismo día se evaluarán los recursos para levantar el secreto de las comunicaciones de los exasesores del Ministerio Público , quien se acogió a la colaboración eficaz, y , así como de otras cuatro personas comprendidas en esta pesquisa.

Precisamente, Villanueva y Hurtado enviaron un escrito al despacho de Peña Farfán en el que le informaron que se allanarán al requerimiento fiscal.

La Fiscalía busca que las empresas de telecomunicaciones le remitan el registro histórico de las comunicaciones de Benavides, Chirinos y de otros investigados, así como los números telefónicos vinculados a los afectados.

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¿De qué se les acusa a Benavides y Chirinos?

En mayo del año pasado, la Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la hoy fiscal de la Nación, , presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra Benavides y Chirinos por los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico.

Esto, a raíz de las presuntas coordinaciones entre ambas funcionarias para presentar una denuncia penal por prevaricato contra los magistrados de la Tercera Sala Constitucional de Lima, quienes declararon fundada una medida cautelar a favor de la .

Dicha sala judicial ordenó la suspensión del debate del informe final de la comisión de Justicia del Congreso, que recomendaba la remoción de los entonces miembros titulares de la JNJ.

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