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El Poder Judicial ordenó el embargo en forma de inscripción sobre ocho bienes del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el denominado caso Obrainsa.
El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundada la solicitud que hizo la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, a fin de que se ordenara la ejecución de esta medida cautelar sobre un departamento y un estacionamiento ubicados en el distrito limeño de San Borja.
Así también sobre un inmueble en el Cercado de Lima, un departamento y dos estacionamientos ubicados en el distrito limeño de San Isidro, un vehículo y una parcela en la provincia limeña de Cañete.
El magistrado ordenó trabar embargo en forma de inscripción hasta por la suma total de S/ 4′624,405.49 sobre los derechos y acciones que correspondan al investigado respecto a estos ocho bienes, por lo que dispuso que se cursen los partes correspondientes a la SUNARP, Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral IX de la sede Lima, Oficina Registral de Lima y la Oficina Registral de Cañete, a fin de que se proceda a las anotaciones en la partida registral correspondiente, informó RPP.
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Embargo a Oscorima es para garantizar investigación
Mediante dos resoluciones emitidas el último 23 de junio, el juez Jorge Chávez Tamariz determinó que la medida cautelar de embargo en forma de inscripción es idónea, necesaria y proporcional, por ser un mecanismo eficaz para garantizar los fines de la investigación, pues evita que dichos bienes sean transferidos o gravados.
Ello permite que ante una posible sentencia exista la posibilidad de resarcir el daño causado mediante el pago de una reparación civil y además evita que los bienes puedan ser donados, vendidos o gravados a personas distintas, ya sea natural o jurídica, que bajo el argumento de ser adquiriente de buena fe puedan eludir la responsabilidad civil, así como garantizar el futuro pago de la reparación civil a ser impuesta en una posible sentencia.
La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato pidió al Poder Judicial que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y otros paguen, de forma solidaria, la suma de S/ 56′639,414.40 como reparación civil a favor del Estado peruano tras haber sido incorporada como actor civil o parte agraviada dentro de la investigación preparatoria que se les sigue por el caso ‘Obrainsa’.
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¿De qué se trata el caso Obraisa?
La Fiscalía investiga al presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por su presunta intervención en el proceso de licitación pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, Tramo Condorcocha – Vilcashuamán.
Según la tesis fiscal, Oscorima habría concertado entre junio y julio del 2014, a través de Alejandro Tello, Gerente General de la empresa ALTESA Contratistas Generales con Manuel Tejeda, funcionario de OBRAINSA, para favorecer a esta última empresa a cambio de un presunto beneficio económico.
Para el Ministerio Público, Wilfredo Oscorima, habría quebrantado su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo a los postores, defraudando patrimonialmente al estado.
En 2020, un colaborador eficaz confesó al Ministerio Público, que la empresas Obrainsa habría entregado una coima al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de beneficiarlo en un proceso de licitación para la construcción de una obra, así lo dio a conocer Cana N.
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