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El Poder Judicial ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y la Dirección General Ambiental, emitan la declaratoria de emergencia ambiental en Huancavelica.
La Sala Civil de Huancavelica, en su resolución, también ordena al Ministerio del Ambiente y a la Dirección General Ambiental que declaren que la ciudad de Huancavelica y la comunidad de Sacsamarca “son sitios contaminados y que elaboren un plan dirigido a su remedición”.
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A su vez, se demandó al Gobierno Regional y a la Municipalidad Provincial de Huancavelica que implementen medidas ambientales a favor de la población que está expuesta en modo permanente al mercurio, plomo y arsénico y, en consecuencia, implementen medidas de reparación.
De esta manera, la Sala Civil de Huancavelica, en su fallo, reconoció que en su jurisdicción y la comunidad de Sacsamarca se evidencia un daño ambiental significativo ocasionado por la presencia de metales pesados que están deteriorando el ambiente y la salud pública.
Presentan demanda contra el Gobierno
En el año 2020, los ciudadanos de Huancavelica y Sacsamarca presentaron una demanda contra la PCM, el Ministerio del Ambiente, la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA), el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Minería, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, el Ministerio de Vivienda y contra su Gobierno Regional y Municipalidad Provincial.
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En el documento pidieron que estas instituciones implementen políticas públicas ambientales relacionadas a la vivienda en favor de los afectados.
Aseguraron que estaban expuestos a la contaminación a causa de la exposición permanente al mercurio, arsénico y plomo, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida, a la dignidad humana y a la salud.
También pidieron que desde el Ministerio de Vivienda implementen como una medida urgente la construcción de viviendas nuevas de material noble remplazando las existentes para que se garantice que la población no esté expuesta a los metales pesados.
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