La situación legal del exsuperintendente de Odebrecht (hoy Novonor) en el Perú, Jorge Barata, podría agravarse. El Poder Judicial evaluará el próximo martes 12 de marzo, a las 10 a.m., el pedido que realizó el Ministerio Público para revocarle los beneficios que obtuvo como parte de su proceso de colaboración eficaz.
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La audiencia privada estará a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, que lidera Margarita Salcedo, quien ordenó la concurrencia obligatoria del fiscal José Domingo Pérez y un representante de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, que también suscribió el acuerdo de colaboración eficaz con Barata.
También fue convocado el abogado del empresario brasileño, César Nakazaki, y los abogados de la empresa CNO S.A. (antes Constructora Norberto Odebrecht S.A.)
Barata deberá participar de manera virtual en la audiencia a fin de que sustente, junto con su abogado, la solicitud que hizo para que se ordene al Ministerio Público el cumplimiento del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz que suscribieron con la Fiscalía, en el 2019.
Tras escuchar a las partes, la magistrada deberá notificar su decisión a las partes dentro del plazo de ley.
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¿Por qué Barata no quiso declarar en el juicio oral seguido contra Humala?
En una audiencia judicial, Barata, a través de su abogado Nakazaki, presentó un escrito ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, en el cual justificó su inasistencia y argumentó que existe una imposibilidad jurídica de presentarse en la diligencia, por su nacionalidad brasileña.
Además, criticó que se pretendía que declare presencialmente en dicho juicio oral cuando tal procedimiento, según dijo, “no es el establecido en el convenio de colaboración eficaz que suscribió con la Fiscalía Peruana”, el cual fue homologado por el Poder Judicial.
Esa era la quinta oportunidad en que Barata era citado para prestar su declaración en calidad de testigo en dicho juicio oral.
En el documento se precisa que una vez anulado el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Barata, la Fiscalía tiene abierta la posibilidad de formular una acusación penal en su contra, así como plantear una posible condena, pese a que este se encuentra en Brasil.
Otras de las consecuencias es que el empresario brasileño podría ser incluido en las diversas investigaciones que lleva a cabo el Equipo Especial Lava Jato, como el caso Interoceánica, Tren Eléctrico, entre otros, en las que había sido excluido en virtud de dicho acuerdo.
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