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El Ministerio Público pidió al Poder Judicial autorización para levantar el secreto de las comunicaciones de Guillermo Thornberry, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y del exministro Hernán Garrido Lecca.
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos presentó el requerimiento el pasado 16 de julio. Esta entidad realiza la investigación por presuntos delitos de negociación incompatible y otros en perjuicio del Estado.
Además, solicitó una autorización para intervenir las comunicaciones de Guillermo Thornberry y Hernán Garrido Lecca, correspondientes al período del 1 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023.
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En relación con esto, Guillermo Thornberry, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, presentó un escrito ante el Poder Judicial el 24 de octubre, en el cual expresó textualmente que “no me opongo al levantamiento del secreto de mis comunicaciones, a pesar de lo grave que puede ser para mis derechos personales, ya que con dicha información se demostrará que este caso no tiene sustento fáctico ni probatorio”.
En respuesta a esto, el juez supremo provisional Saúl Peña Farfán convocó una audiencia virtual de carácter “privada” para evaluar el requerimiento fiscal. La audiencia se llevará a cabo el lunes 2 de diciembre a las 2:30 p.m., con la participación de las partes involucradas, para emitir una decisión al respecto.
Investigaciones
La investigación fiscal comenzó tras la denuncia de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, quien informó al Ministerio Público que, durante la postulación al cargo de fiscal suprema titular, Hernán Garrido Lecca, a quien se refería como “el africano”, era el encargado de comunicarse con Thornberry y, a través de él, obtenía información sobre el concurso para dicho puesto.
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Villanueva señaló que, una vez que Patricia Benavides fue nombrada fiscal de la Nación, Thornberry era quien le informaba, a través de Garrido Lecca, sobre el avance de sus procesos, las acciones a tomar y si la Junta Nacional de Justicia abriría o no una investigación.
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