El Poder Judicial aprobó ampliar por ocho meses más la investigación seguida contra la excongresista María Cordero Jon Tay, quien es procesada por el presunto recorte de sueldos a los extrabajadores de su despacho.
Así lo decidió el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional, tras declarar fundado el pedido realizado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que investiga a la exlegisladora por los presuntos delitos de concusión y otros.
En su resolución, el juez supremo Juan Carlos Checkley determinó que el requerimiento presentado por la Fiscalía se justifica a fin de que sea factible realizar los actos de investigación pendientes en este caso.
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“Este plazo tiene como finalidad alcanzar los objetivos conforme al artículo 321° del CPP (Código Procesal Penal) de reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa”, indicó el magistrado en su fallo.
Cabe recordar que la Fiscalía, en su requerimiento, no solo recordó que declaró compleja la pesquisa contra Jon Tay, sino que está pendiente el levantamiento de su secreto bancario, así como la declaración de la propia investigada y de otras personas, entre otros actos de investigación.
En respuesta, el abogado de la suspendida legisladora se opuso al pedido al señalar que durante la investigación no hubo ninguna muestra de obstaculización por parte de su patrocinada. En ese sentido, sugirió que, en todo caso, se concediera una prórroga por cuatro meses.
Si bien reconoció que Jon Tay no concurrió a las declaraciones, recalcó que, por escrito, se abstenía de declarar, con lo cual hizo valer su derecho de no autoincriminación y mencionó que recabó documentación que le permitirá formular un recurso de nulidad de todo lo actuado por vulneración al debido proceso y derecho de defensa ocurrido en el Parlamento.
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¿De qué se le acusa a Jon Tay?
De acuerdo con la tesis fiscal, Cordero Jon Tay le habría solicitado el 50 % del sueldo a su asesor Rafael Cabrejos cuando ejercía el cargo de presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes.
En total, la exlegisladora le habría recortado un total de S/80,000 de su remuneración entre los años 2022 y 2023.
Ante esta situación, el Parlamento decidió el año pasado suspender a Cordero Jon Tay mientras la justicia resuelve su caso; no obstante, en el Pleno no alcanzaron los votos suficientes para inhabilitarla en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.
En agosto pasado, la Corte Suprema declaró fundado el requerimiento para que la legisladora afronte comparecencia con restricciones, entre ellas, no podrá ausentarse de la ciudad que reside, estará impedida de comunicarse con testigos y deberá pagar una caución de S/ 50,000.
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