A través de un comunicado oficial, el Poder Judicial expresó su preocupación frente a la reciente promulgación de la Ley 32326, que modifica la Ley de Extinción de Dominio. Según la entidad, esta norma debilita significativamente los esfuerzos para combatir el crimen organizado y recuperar activos ilícitos.
En el documento, el Poder Judicial resaltó que la extinción de dominio es una herramienta clave utilizada a nivel internacional para retirar del circuito legal los bienes producto de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de datos y la suplantación de identidad. Esta especialidad, subraya, permite actuar en casos donde el derecho penal no puede intervenir directamente.
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Desde la implementación de este mecanismo en 2019, el Poder Judicial afirma haber logrado recuperar más de 172 millones 640 mil 545 dólares en bienes ilícitos hasta el primer trimestre de 2025.
Asimismo, la institución alertó que la Ley 32326 contradice el artículo 53 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de Mérida y va en contra de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas modificaciones, agrega el comunicado, ponen en riesgo la institucionalidad democrática, el cumplimiento de compromisos internacionales y la seguridad ciudadana.
Añade que, con esta modificatoria se incumplen compromisos internacionales y, en consecuencia, nuestro país corre el riesgo de ser incluido en listas de lato riesgo económico como la denominada “gris oscura” o incluso la “lista negra”, lo cual impediría acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Poder Judicial también critica que la nueva ley podría beneficiar a organizaciones criminales, al impedir la recuperación de activos sin necesidad de una sentencia penal firme. Esta situación sería aprovechada por redes delictivas para preservar bienes obtenidos ilegalmente.
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Por último, se advierte que el 82.2% del total de procesos resueltos desde 2019 han tenido sentencia favorable, lo que demuestra la efectividad del mecanismo vigente antes de la modificación.
El comunicado concluye con un llamado a las autoridades correspondientes para revisar y reconsiderar los cambios, priorizando el fortalecimiento de los mecanismos de justicia y la lucha contra el crimen organizado.
