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En medio del fuerte temporal de lluvias que azota diversas zonas del país, que ha ocasionado derrumbes y cientos de damnificados, continúan los cuestionamientos hacia las autoridades que tuvieron a su cargo el proceso de reconstrucción del norte del país, tras el paso del fenómeno del Niño Costero, en el año 2017.
Precisamente, la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño Costero aprobó una propuesta en la que se pide al grupo de Fiscalización, que preside Héctor Ventura, que investigue la determinación de las causas, irregularidades y a los posibles responsables que, habiendo tenido o teniendo a su cargo las intervenciones en el proceso de reconstrucción, no ejecutaron las obras y, a la fecha, no se han iniciado o concluido en los plazos debidos.
En la propuesta se señala que no solo la comisión de Fiscalización deberá pedir facultades al Pleno para realizar la indagación, sin también deberá realizar la pesquisa de forma conjunta y coadyuvante con la comisión especial, que preside César Revilla.
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“La labor que hemos desplegado ha permitido que la presente Mesa Directiva logre, a través del seguimiento y control político, un avance significativo en las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), toda vez, que, de un 39 % que se encontró la ejecución del mismo, se avanzó a un 72 %”, indicó Revilla en el documento.
También recordó que la inversión del PIRCC asciende a S/ 25′655,490, que fueron distribuidos en cuatro componentes, por tanto, según refiere el texto, la Comisión Especial generó un espacio para que la Contraloría General de la República, de manera directa, cumpla sus funciones de control de la ejecución del plan.
Dicha acción permitió que la Contraloría pueda presentar los avances de sus servicios de control, hallazgos y recomendaciones en las sesiones, llevadas a cabo en sus distintas modalidades, convirtiéndose en una herramienta disuasiva ante posibles actos de corrupción de las entidades que administran fondos públicos provenientes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
En el documento también se indica también que la institución liderada por Nelson Shack identificó 1,984 presuntas responsabilidades, que incluyen 715 de tipo penal. De este total, los funcionarios con presunta responsabilidad corresponden al Gobierno Nacional (8104), Gobierno Regional (120) y Gobierno Local (623).
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¿Cuáles son los avances en el proceso de reconstrucción?
En la propuesta se señala que las soluciones integrales en Piura únicamente tienen un avance físico de 23 %, con un monto ejecutado de S/ 463 millones. En el caso de Tumbes, solo existe un avance de 31%, habiendo ejecutado S/ 324 millones, situación que se repite en Lambayeque, en donde solo se reporta un avance físico de 23 % (con una inversión de S/ 244 millones).
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En La Libertad el avance físico es de apenas 25 %, siendo el monto ejecutado S/ 553 millones; mientras que en Áncash el avance físico es de apenas 19 % (S/ 324 millones).
En Ica, el avance representa un 43 % (S/ 241 millones) y en Lima, el avance físico solo llega a un 26 %, siendo el monto ejecutado S/ 309 millones.
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