Pese a las críticas de las embajadas de 16 países, entre ellas, Estados Unidos, España y Canadá, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Alejandro Aguinaga, defendió el dictamen aprobado en su grupo de trabajo que modifica la ley que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a fin de supervisar el financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
En diálogo con RPP, el legislador de RPP señaló que la propuesta aprobada en su comisión busca transparentar el dinero que ingresa al país a través de la cooperación internacional.
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Sostuvo, a modo de ejemplo, que hay casos de ONG que se registran para realizar “actividades de desarrollo”, pero que, al final, terminan realizando “activismo político”.
“Si un proyecto viene para ambientalismo, no puede usarse o desviarse hacia fines políticos, que es lo que ha venido aconteciendo en el país. Los modelos democráticos buscan la transparencia de los recursos provenientes de entidades extranjeras, a fin de salvaguardar posibles amenazas”, aseveró tras precisar que “queremos transparencia”.
El legislador añadió que la propuesta se sustenta en otras que rigen en el extranjero, como Estados Unidos, con su Ley FARA. Según dijo, dicha norma exige que los “agentes de mandantes extranjeros, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero”.
“Hemos visto que hay ONG que se inscriben para temas de desarrollo, pero comienzan a hacer activismo antiminero y paralizan al país, y causan un detrimento económico”, cuestionó.
Al ser consultado por los nombres de las ONG que, a su juicio, necesitan ser fiscalizadas, solo se limitó a decir: “No voy a singular nombres, no puedo”.
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¿Qué plantea el dictamen?
Según indicaron en el grupo de trabajo, el objetivo de los cambios es el de contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional, como es el caso de las ONG.
En ese sentido, el texto sustitutorio plantea un marco regulatorio semejante al de los países que pertenecen a la OCDE.
También se introduce la figura de organizaciones o entidades que realicen el activismo político. De esta forma, se busca que las entidades competentes fiscalicen a las entidades con financiamiento extranjero que podrían estar realizando influencia política en el Perú en menoscabo de su orden interno y defensa nacional.
Además, el texto refiere que las organizaciones que gestionen cooperación técnica internacional deberán inscribir obligatoriamente, ante la APCI, sus proyectos, programas o actividades, bajo sanción.
Se propone crear una intendencia adscrita a la Sunat para que los recursos cooperación técnica internacional que reciben las ONG sean transparentados.
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