El Perú nuevamente pisa fondo en materia de lucha contra la corrupción. De acuerdo al “Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) 2023″, que elabora anualmente Transparencia Internacional, nuestro país ha registrado su peor caída en el ranking global desde el año 2012, al bajar del puesto 101 al lugar 121, encontrándose ahora en el tercio inferior y compartiendo posición con Angola, Mongolia y Uzbekistán.
Esto responde a una caída de tres puntos en el valor del índice respecto del año anterior: de 36 a 33.
Como se recuerda, este estudio analiza los esfuerzos y políticas de 180 países del mundo para combatir la corrupción y el respeto por los derechos humanos y los traduce en puntajes. A mayor puntaje, el país es considerado “menos corrupto”.
Las fuentes utilizadas para este informe cubren un periodo de aproximadamente dos años. En el caso de Perú, va desde el año 2022 hasta setiembre del 2023.
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“El valor registrado por Perú se habría visto afectado por los destapes de corrupción y conductas antiéticas de los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, así como de las decisiones del Congreso, que han acumulado contrarreformas, retrocesos en instrumentos anticorrupción, como la colaboración eficaz y blindajes a congresistas cuestionados éticamente, entre otros”, se lee en un comunicado de prensa.
Comparaciones en la región
Si hacemos una comparación en la región, el Perú se ubica en la posición 23 de 32 países.
“En las Américas, Perú se ubica en el tercio inferior, por debajo de Ecuador, país que protagoniza por estos días una dramática crisis de violencia generada por el crimen organizado del narcotráfico, gestada en años anteriores”, recalca el informe.
En el ranking figuramos por encima de países como El Salvador, México, Bolivia y Paraguay, pero estamos por debajo de Uruguay, Chile, Colombia, Argentina y Brasil.
Al comparar al Perú con los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alianza a la cual estamos candidateando, nos ubicamos en el penúltimo lugar, superando solamente a México, también profundamente afectado por el narcotráfico.
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Cabe señalar que entre los países de este grupo también están los que muestran un mejor desempeño en el estudio, como Dinamarca (que obtiene 90 de los 100 puntos posibles), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85).
Si la comparación se traslada al espacio geoeconómico del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), cuya cumbre se realizará este año en Lima, nuestro país también se encuentra en los últimos lugares y detrás de países como Tailandia, Indonesia, China, Chile y Filipinas. Superamos solamente a Papúa Nueva Guinea, Rusia y México.
¿Cómo revertir esta situación?
Al respecto, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, el resultado de nuestro país es muy preocupante y debería reforzar el sentido de urgencia para detener el deterioro institucional que se viene registrando durante los últimos años.
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Para ello, según dijo, “es indispensable retomar las reformas, en particular las contrataciones del Estado y el fortalecimiento del marco institucional para la integridad pública y para asegurar la transparencia y el acceso a la información pública”.
Añadió que es importante darle un mayor impulso a la implementación de reformas clave, como la modernización del servicio civil, sobre lo cual debiera haber un consenso nacional.
En tanto, la presidenta de Proética, Carmen McEvoy, consideró que la corrupción devora la institucionalidad de la república y el tejido social, contribuyendo en gran parte, entre otras cosas, al crecimiento de la violencia cotidiana que no nos da tregua.
Insistió en que no debemos perder de vista que nos estamos jugando la reconstrucción de la república, que debiera tener como eje la ética en las decisiones sobre los asuntos públicos y retroalimentarse con el fortalecimiento de la ética en esferas domésticas y organizativas.
“Esta apuesta viene amenazada por muchos frentes, desde las coimas de siempre, grandes y pequeñas, hasta la irrupción de organizaciones criminales que capturan territorios, rutas de tráfico de mercancías ilícitas y agentes del Estado; por ello, el reto es enorme y nuestras autoridades tienen que estar a la altura”, manifestó.
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