La Cancillería peruana presentó este viernes una nota de protesta formal a la embajada de Colombia por el ingreso no autorizado de una aeronave militar colombiana en espacio aéreo nacional, sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la frontera amazónica.
El hecho ocurrió el 7 de agosto, mientras autoridades peruanas, encabezadas por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, participaban en actividades cívicas junto a la población.
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En su comunicado, Torre Tagle expresó su “más firme y enérgico rechazo” a lo sucedido y calificó la incursión como una “grave violación de la soberanía territorial”. Precisó que las explicaciones dadas por Bogotá “no han sido satisfactorias” y recordó que toda aeronave militar extranjera requiere autorización previa para sobrevolar territorio peruano.
“La Cancillería exige las más amplias satisfacciones y garantías de que una situación similar no volverá a ocurrir, en resguardo de los históricos vínculos de cooperación e integración bilateral”, señaló el pronunciamiento.
El Ejecutivo agregó que la defensa de la soberanía y el respeto al derecho internacional son “principios inalterables” de la política exterior del Perú.
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El incidente se produjo en medio de la tensión generada por las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien insistió en que la isla Chinería le pertenece a Colombia, alegando un cambio en el cauce del río Amazonas. Sus afirmaciones fueron desmentidas por expertos y documentos históricos.
La presidenta Dina Boluarte respondió enfáticamente: “Nuestra isla Chinería con su capital Santa Rosa es peruana”. La mandataria subrayó que el país no cederá en la defensa de su integridad territorial.
La visita del premier Arana a Santa Rosa coincidió con la presencia de Petro en la vecina ciudad de Leticia, donde participó en una ceremonia oficial. Según el Gobierno peruano, el ingreso de la aeronave militar no fue comunicado por canales oficiales y generó “primero sorpresa y luego indignación”.
El Perú ha solicitado una pronta respuesta de Colombia para preservar la confianza mutua y la buena vecindad, en un contexto en el que la controversia por la isla y la reciente incursión aérea han elevado la tensión diplomática entre Lima y Bogotá.
