El canciller Hugo de Zela expuso este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la preocupación del Perú por lo que calificó como una “evolución negativa” en el uso del asilo diplomático en la región, y propuso establecer nuevos procedimientos obligatorios para su otorgamiento.
Señaló que la figura -un aporte histórico latinoamericano al derecho internacional- está siendo empleada para proteger a personas procesadas por delitos comunes en países democráticos, amparándose en “información distorsionada por sesgos ideológicos”.
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Durante su intervención, De Zela recordó que el contexto político regional actual está marcado “por la polarización, la pérdida de capacidad de diálogo y el debilitamiento del multilateralismo”.
En ese escenario, añadió, amenazas transnacionales como el crimen organizado, la corrupción y el tráfico ilícito de drogas exigen respuestas coordinadas entre los Estados, algo que se ve afectado cuando la institución del asilo es utilizada de manera discrecional.
El ministro subrayó que el Perú, pese a sus crisis políticas recientes, mantiene la separación de poderes, el debido proceso y un sistema de justicia que ha procesado a expresidentes y figuras de diversos sectores.
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El canciller remarcó que su planteamiento no se refería a un caso específico -incluido el pedido de asilo de la ex primera ministra Betsy Chávez-, pero afirmó que los episodios recientes en la región evidencian un uso del asilo “contrario al espíritu” de la Convención de Caracas de 1954. Según dijo, esta fue diseñada para proteger a perseguidos políticos en contextos autoritarios, no para sustraer de la justicia a personas acusadas de delitos comunes en democracias.
“No se ayuda a una democracia ni al Estado de derecho sustrayendo de su sistema de justicia a sus políticos y familiares cuando son procesados”, expresó.
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La propuesta del Perú
La propuesta peruana plantea que los Estados, al evaluar solicitudes de asilo, analicen de manera previa y objetiva la naturaleza de los delitos imputados con información proporcionada por el país territorial y otras fuentes confiables, reduciendo así la discrecionalidad individual en la aplicación del artículo 9 de la Convención de Caracas.
De Zela recordó que este enfoque coincide con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que el asilo no debe otorgarse a personas condenadas o con indicios de delitos graves, entre ellos corrupción y terrorismo.
Asimismo, advirtió que una concesión unilateral y politizada de asilo vuelve casi inviable la cooperación judicial internacional, incluida la extradición, lo que puede derivar en situaciones de impunidad.
“El derecho internacional no ampara la impunidad”, enfatizó.
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De Zela informó que el Perú ya ha conversado con diversos cancilleres que comparten esta preocupación y que, a sugerencia de algunos, se ha planteado someter tres preguntas al Comité Jurídico Interamericano para obtener su opinión. El documento con dichas consultas fue distribuido entre los representantes del Consejo Permanente.
El canciller finalizó pidiendo un debate amplio para “fortalecer el multilateralismo y preservar la integridad del asilo diplomático”, convencido -dijo- que una revisión conjunta permitirá restituir la confianza entre los Estados y asegurar que esta figura siga protegiendo únicamente a quienes realmente enfrentan persecución política.
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La respuesta de México
La representante permanente de México ante la OEA, Luz Baños Rivas, defendió con firmeza la decisión de su país de otorgar asilo diplomático a Betssy Chávez y cuestionó que el Consejo Permanente sea utilizado -según dijo- para intentar reinterpretar o modificar la Convención de Caracas de 1954.
Baños advirtió que este foro “no es el espacio competente” para revisar un tratado internacional y sostuvo que cualquier intento de ajuste normativo es jurídicamente inviable sin la presencia y el consentimiento de todos los Estados parte.
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En su intervención, México planteó tres puntos centrales. Primero, subrayó que la composición del Consejo impide cualquier revisión del tratado, pues varios países presentes no forman parte de la Convención y uno de los Estados parte no participa en la OEA. Insistió en que abrir un proceso de modificación en estas condiciones atentaría contra el derecho internacional y contra la certeza jurídica del sistema interamericano.
En segundo lugar, Baños afirmó que la sesión fue convocada solo después de que México concediera el asilo y solicitara el salvoconducto correspondiente, lo cual -sostuvo- sugiere que se está intentando cambiar las reglas del juego “a raíz de un caso particular”, en contravención al principio de irretroactividad. Añadió que México actuó en estricto apego a la normativa interamericana vigente y que el debate actual “pone en riesgo la naturaleza humanitaria del asilo”, cuya finalidad es la protección inmediata de las personas.
En tercer lugar, México recordó que el asilo genera obligaciones vinculantes y que la falta de cumplimiento -en referencia directa al salvoconducto aún pendiente por parte del Perú- podría derivar en vulneraciones a derechos humanos. Baños recalcó que la inviolabilidad de los locales diplomáticos y el respeto a los compromisos internacionales no son “opcionales” y advirtió que relativizarlos comprometería la arquitectura básica de las relaciones entre Estados.
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Finalmente, México reiteró su disposición al diálogo, pero solo sobre la base del “respeto estricto” al derecho internacional y a los tratados suscritos voluntariamente por los Estados. “La historia juzga no solo lo que decimos y hacemos, sino los motivos detrás de nuestras acciones”, concluyó.
