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Un reciente proyecto de ley presentado en el Congreso pondría contra las cuerdas a aquellos congresistas que renuncien a su partido político de origen.
La iniciativa en mención, que impulsa el legislador Abel Reyes (Perú Libre), plantea el desafuero del parlamentario que renuncia a su organización política sin justificación alguna, para ser reemplazado por su accesitario.
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“La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso, así como también, cambiarse de organización política a la que representa sin causa justificada”, se lee en la propuesta.
En caso el legislador sea expulsado, el proyecto de ley precisa que su agrupación deberá informar las razones de su separación a la comisión de Ética del Congreso.
“Si se determinara que el congresista ha renunciado a su organización política sin justificación alguna, la comisión de Ética informará a la Comisión Permanente de este hecho para que, de acuerdo al artículo 99 de la Carta Magna, proceda a la acusación del congresista por infracción al artículo 176 de la Constitución”, advierte el texto.
Finalmente, se estipula que el congresista que haya sido destituido en juicio político por infracción constitucional será reemplazado por el accesitario, de acuerdo al artículo 25 del reglamento del Parlamento.
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Los motivos
En su proyecto de ley, Reyes advierte que el apartamiento de un congresista de su partido genera que la ciudadanía sienta “engaño, falsedad y traición” al observar que el legislador al que le dio su voto ya no piensa igual que antes en un tiempo breve.
En ese sentido, remarcó que el ciudadano tiene derecho de demandar la rendición de cuentas de sus autoridades con respecto a las propuestas y promesas que hicieron como candidatos, las mismas que están respaldadas por el ideario y el plan de gobierno de su organización política.
A su juicio, los ciudadanos, de acuerdo a la Constitución, ejercen sus derechos a través de los partidos políticos, los mismos que contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, por lo que consideró que “un congresista que cambia de partido sin justificación infringe la Carta Magna, que garantiza que el escrutinio es el reflejo exacto de la voluntad popular”.
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