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El Perú nuevamente pisa fondo en materia de lucha contra la corrupción. De acuerdo al “Índice de percepción de la corrupción 2021″, que elabora anualmente Transparencia Internacional, nuestro país se ubica en el puesto 105 del ranking mundial (180 países en total), con 36 puntos.
Este estudio analiza los esfuerzos y políticas de los países para combatir la corrupción y el respeto por los derechos humanos y los traduce en puntajes. A mayor puntaje, el país es considerado como “menos corrupto”.
Compartimos el puesto con otros cuatros países. Estos son Costa de Marfil, Ecuador, Moldavia y Panamá. Estamos peor posicionados que naciones como Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Guyana, etc.
En comparación con el ranking del año 2020, hemos retrocedido 11 posiciones, informó Proética.
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Repetimos mala posición
No es la primera vez que el Perú ocupa esta preocupante posición (105)
En el año 2018, en pleno auge de las investigaciones del caso Lava Jato y en medio del escándalo conocido como “Cuellos Blancos del Puerto”, nuestro país obtuvo 35 puntos. De 180 naciones, Transparencia Internacional nos ubicó en el puesto 105, la peor ubicación desde el año 2012.
En los dos años siguientes (2019 y 2020), debido al avance de las investigaciones, así como por la discusión y aprobación de algunas reformas, como la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y los ajustes al régimen de financiamiento de campañas políticas, el Perú recuperó algunos puestos.
A nivel de la región (América), nuestro país se ubica en el puesto 16 de 32 naciones evaluadas.
Compartimos la posición con Ecuador y Panamá. Nos ubicamos por encima de México, Nicaragua, Paraguay y Bolivia (ver gráfico).
¿A qué se debe la caída?
El ranking ha tomado en cuenta los datos, acciones y sucesos ocurridos durante todo el año 2020 y los primeros nueve meses del 2021; es decir, hasta setiembre.
Transparencia Internacional no llegó a registrar los escándalos más graves del Gobierno de Pedro Castillo, como por ejemplo, las gestiones realizadas por el exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, y el caso Petroperú.
Sin embargo, sí se tomaron en cuenta las primeras designaciones realizadas por el mandatario, que fueron cuestionadas por la oposición, así como las primeras reuniones secretas que sostuvo en su vivienda del pasaje Sarratea, en Breña, pese a que ya había sido elegido en el cargo.
En la evaluación también se incluyeron las irregularidades detectadas en las contrataciones en el marco de la pandemia, así como el caso “Vacunagate”. En el ámbito judicial, se debe tomar en cuenta la irrupción del caso “Dinámicos del Centro”, que vinculaba a Perú Libre, el partido de Gobierno.