:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/273KSTSJZZCHVD7BZKOMOACTT4.jpg)
El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, reiteró su propuesta de aprobar una nueva Constitución Política que reemplace a la de 1993, “aprobada en democracia” y “sin amenazas golpistas”.
En su cuenta en Twitter, afirmó que solo así se avanzará “dentro del cauce democrático para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista”.
“El Perú del Bicentenario merece una Constitución forjada desde el diálogo pluricultural, la reconciliación y el compromiso con la dignidad de todos/as. Una constitución impulsada por su noble pueblo y aprobada en democracia, sin amenazas golpistas”, expresó.
Finalmente, Castillo Terrones aseveró que en un eventual gobierno suyo priorizará un crecimiento que no se aleje del desarrollo social y de la “reconquista” de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos.
“Nuestro gobierno priorizará un crecimiento que no se aparte del desarrollo social y de la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos, para que los/as peruanos/as dejemos de subsistir y podamos vivir dignamente”, sentenció.
El pasado 2 de julio Castillo Terrones, -quien aún no ha sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)-, aseguró que le pedirá al nuevo Congreso de la República que agende la instalación de la Asamblea Constituyente, a fin de redactar una nueva Constitución Política.
“El 28 de julio, iniciando el mensaje a la Nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer con el pueblo la primera Constitución del pueblo”, expresó.
Sin embargo, diversas bancadas y políticos, como Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, se han mostrado contrarios a la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna que reemplace a la de 1993.
