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El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), pidió a la titular del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), remitir el informe final del caso Sarratea al Ministerio Público.
Como se recuerda, dicho documento –aprobado el último viernes por el Pleno- recomienda denunciar constitucionalmente ante la Fiscalía de la Nación al presidente de la República, Pedro Castillo, por delitos comunes.
“Hemos solicitado a la Mesa Directiva del Congreso la remisión del informe final del caso Sarratea al Ministerio Público para que este se sume a las investigaciones que ya vienen realizando. Contiene en los anexos el levantamiento del secreto de las comunicaciones, entre otros”, señaló Ventura en Twitter.
Cabe indicar que por 72 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, la representación nacional dio luz verde al informe final en mayoría aprobado en la Comisión de Fiscalización de ese poder del Estado.
El informe final contiene las conclusiones y recomendaciones de las investigaciones en torno a presuntos hechos irregulares que habría cometido Castillo Terrones, ministros y personajes del entorno presidencial en los casos denominados “Casa Sarratea y SBN”, “Puente Tarata III” e “Injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”, “Injerencias ante el superintendente de la Sunat” y “El hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno”.
En el Caso Sarratea, la Comisión de Fiscalización recomendó a la Comisión Permanente del Congreso denunciar constitucionalmente ante el Pleno a Pedro Castillo por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.
Respecto al Caso Puente Tarata II, la Comisión de Fiscalización propone formular acusación constitucional contra el mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
En las conclusiones el informe señala que está corroborado que, desde el 28 de julio 2021, el jefe de Estado lidera una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares que estaría enquistado en el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La comisión asegura que valiéndose de información privilegiada en materia de contrataciones designación de funcionarios y otras facultades, el mandatario habría cometido el delito de colusión condicionando el otorgamiento de contrataciones a favor de determinados postores a cambio de beneficios de índole económico.
