El procurador General del Estado, Daniel Soria, solicitó al Poder Judicial el embargo de los bienes muebles e inmuebles del exmandatario Pedro Castillo y del expremier Aníbal Torres, en el proceso que se les sigue por el delito de rebelión tras el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022.
En la petición de la Procuraduria, se solicita que se dicten las medidas cautelares reales de embargo en forma de inscripción e inhibición, para que en registros públicos se indique que las propiedades están requeridas para el posible pago de una reparación civil de más de S/67 millones.
Cabe resaltar que el pasado miércoles 5 de julio, se dio a conocer que esta entidad quedó oficialmente constituida como actor civil o parte agravada dentro del proceso judicial que se sigue por el golpe de Estado.
LEA TAMBIÉN: Fiscalía allana e incauta casa en Asia de empresario Alejandro Sánchez
Bienes de Pedro Castillo
En ese sentido, se pidió ante el juez Juan Carlos Checkley que se aprueben las medidas contra dos predios rurales de Castillo Terrones que se ubican en el caserío de Aliso, distrito de Anguía, en Chota, Cajamarca.
También al predio rural del exjefe de Estado que se ubica en el caserío de Chugur, donde vivió el exmandatario con su familia antes de mudarse a Palacio de Gobierno en julio de 2021, tras ganar las elecciones generales.
Además, la misma solicitud considera a un lote ubicado en Tacabamba, en Chota, Cajamarca. Sin embargo, ninguna de estas propiedas tiene registrado un valor ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
LEA TAMBIÉN: Golpe de Estado: Incluyen a la Procuraduría como actor civil en proceso contra Sánchez
Bienes de Aníbal Torres
En el caso de Torres Vásquez, desde la Procuraduría se pidió la inhibición de un departamento que se encuentra en la calle Los Eucaliptos, en el distrito de San Isidro, que está valorizado en US$ 236,800. Sumado a ello, dos estacionamientos en el sótano del mismo inmueble, valorizados en US$ 15,000 cada uno.
Asimismo, tres departamentos y dos estacionamientos en la urbanización Pando, en el Cercado de Lima, los cuales no están valorizados en los registros de la Sunarp.
La institución dirigida por Daniel Soria también busca el embargo de una camioneta Jeep Compass, que tiene un valor de US$ 20,000.
Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.
