El plan de gobierno del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, contempla una serie de propuestas para combatir la delincuencia, que consideran los orígenes de la misma, según se señala en el documento.
Las propuestas incluidas en el plan son las siguientes:
1. Combatir la tenencia ilegal de armas, erradicando tanto el tráfico interno como externo. También debe procederse al cierre de las tiendas y bazares donde se venden armamentos y municiones a personal civil bajo justificaciones pactadas. Al declararse la ilegalidad de la tenencia de armas de fuego, a la par debe amnistiarse a los que en el plazo fijado por el Estado entreguen las armas.
2. Los miembros de las fuerzas armadas y policiales solo deberían portar armas de reglamento y no se debe permitir armamento particular, que muchas veces es alquilado para actos delictivos.
3. Reorganización de la Policía Nacional del Perú, cuyos ascensos deben regirse por el número de investigaciones resueltas o acciones meritorias y no por “el falso academicismo impuesto en base a maestrías y doctorados”.
4. Debe especializarse científicamente a la Policía, sin necesidad de desintegrar su unidad, frente a las nuevas modalidades criminales como la ciberguerra, interceptación ilegal de comunicaciones, delitos informáticos, rastreo electrónico, etc.
5. El marco legal debe ser modificado en base a la descentralización haciendo que el alcalde sea el responsable político de la seguridad ciudadana y el comisario el responsable técnico. Por ende, deberán responder por los resultados implementados.
6. Dotar a los gobiernos regionales y municipales de una partida económica destinada al rubro de seguridad ciudadana. Así, se podrá exigírseles resultados, metas o rendición de cuentas de manera precisa.
7. Hace falta una legislación que garantice la participación del pueblo en acciones de seguridad ciudadana, para que pueda organizarse. Deben contar con las facilidades para desarrollar estas actividades sin que ello colisione con sus trabajos.
8. Descentralización económica, que contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana.
9. Atender las causas de la inseguridad ciudadana: analfabetismo, pobreza, migración, desempleo, trata de personas, salarios bajos, derechos laborales restringidos, explotación, corrupción institucional, etc.
10. Los reos deben producir (bienes o servicios) para el sector público o privado. De lo producido, el 50% debe destinarse a su familia, 30% para gastos personales y 20% debe depositarse en una cuenta personal. Además, se debe promover su empleo en el sector público o privado, previa calificación y aceptación de las partes.
11. El Estado debe respetar las rondas campesinas y los comités de autodefensa.