La defensa del expresidente Pedro Castillo sigue buscando recursos para librar al exmandatario de las diferentes investigaciones que pesan en su contra. Entre ellas, por presuntamente encabezar una organización criminal.
No obstante, como ha ocurrido ya en otros casos a nivel judicial, los investigados están recurriendo a una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte para lograr su archivo. Se trata de la Ley 32108.
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El abogado del expresidente, Luis Walter Medrano, ha solicitado al Poder Judicial que archive su investigación por organización criminal apelando a esta norma aprobada por el Congreso y promulgada en agosto del 2024 por el gobierno.
Se trata de la modificación a las normas contra el Crimen Organizado y que limita los delitos que se pueden atribuir a una red delictiva.
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Esta solicitud se hizo mediante un recurso de excepción de improcedencia de acción, presentado el pasado 27 de enero al juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, y que será vista en una audiencia el próximo miércoles 12 de febrero.
Pedro Castillo es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción, que le atribuye haber liderado una red criminal durante su gobierno. Esta organización se habría enquistado en el Estado y cometido actos de corrupción, concretamente en entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Caso Puente Tarata), el Ministerio de Vivienda (Caso Anguía) y Petro-Perú (caso Biodiesel).
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