Ahora la Contraloría General de la República, a través de la Oficina de Control Institucional, ha pedio al secretario general de Palacio de Gobierno las facilidades para el inicio de un Control Simultánea, acerca de las reuniones que el presidente de la República, Pedro Castillo, y otros altos funcionarios, habrían sostenido con empresarios en la casa ubicada en pasaje Sarratea, en Breña.
“El Órgano de Control Institucional ha dispuesta la realización de un servicio de Control Simultanea en la modalidad de Orientación de Oficio a las actividades ejecutadas por el presidente en el inmueble de ubicado en Pasaje Sarratea 179, Breña”, detalla el documento.
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De esta forma se ha designado a Zibino Víctor Huamaní Quintana y Ismael Ricardo Zorrilla Béjar, supervisor y jefe de la Comisión de Control quienes darán inicio al servicio de control, por lo que se agradece se brinde las facilidades del caso.
Hace unos momentos se conoció que el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, envió un pedido al secretario general de Palacio de Gobierno por un pedido similar, este lunes 29 de noviembre un pedido de información a la presidencia.
Un informe de Cuarto Poder reveló que el jefe de Estado continúa asistiendo continuamente a la casa en Breña que utilizó durante la campaña electoral y donde despachó en los primeros días de su administración.
Al predio llegaron, entre otros, empresarios, la jefa de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Perales Olano, y los congresistas de Perú Libre Alex Paredes y Lucinda Vásquez.
De igual manera, se registró la llegada del ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, y luego una persona a la que se identificó como Karelim López Arredondo, quien también registró reuniones con Castillo Terrones en Palacio de Gobierno.
Al inicio de su gestión, Pedro Castillo intentó alejarse de la sede presidencial y despachar en la vivienda en Breña; sin embargo, retrocedió ante advertencias de diferentes entidades, entre ellas, la Contraloría, quien advirtió que el presidente habría estado vulnerando la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, y con ello principios básicos de transparencia.