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A fines del mes pasado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, junto a otros seis ministros de Estado, se presentaron ante la comisión de Constitución a fin de sustentar el proyecto de ley del Gobierno que solicita facultades, por 120 días, para legislar en materia de seguridad ciudadana, políticas para combatir el fenómeno El Niño Global, entre otros temas.
De la iniciativa del Ejecutivo, quizá el punto más polémico es el concerniente a la modificación del Código Penal para incluir sanciones a los instigadores del delito de disturbio y entorpecimiento a los servicios públicos, entre los que se considera a los comunicadores que convoquen a marchas.
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¿Qué dice exactamente la propuesta? De acuerdo al proyecto, se busca sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado como se ha mencionado anteriormente los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos.
“ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia”, se lee en el proyecto.
Además, se precisa que disuadir a los autores y partícipes de estos hechos, “redundará en favor de la reducción de estos, lo que a su vez incidirá en la reducción de confrontaciones violentas que afectan la gobernabilidad local, regional y nacional”.
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Los gremios periodísticos rechazan la propuesta
Como era de esperarse, los gremios periodísticos alzaron su voz de protesta ante, según señalaron, ese intento del Gobierno de criminalizar la libertad de expresión.
A través de un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) consideró que con esta norma se configurando un “atentado contra la libertad de expresión”, por lo que invocó al Parlamento a modificarla.
“Este punto atenta no solo contra la libertad de expresión de ciudadanos que libremente deseen convocar o informar a través de medios de comunicación su participación en una manifestación, un derecho humano reconocido internacionalmente. La modificatoria también atenta contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, cuya obligación es informar al respecto”, se lee en el texto.
Además, advirtieron que la norma “abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos y periodistas que informen o compartan información sobre las protestas”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) alertó que la iniciativa del Ejecutivo “pretende criminalizar la actividad informativa”.
“Advertimos el peligro de la propuesta de modificación al Código Penal que busca sancionar a los instigadores del delito de disturbio en el marco de las protestas, que hace alusión directa a la actividad informativa en medios de comunicación”, indicaron en sus redes sociales.
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El gremio cuestiona que en el proyecto se señale que hay comunicadores que, utilizando medios de comunicación masivos, han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia.
“Enunciado que es grave, al hacer una imputación directa, impondría restricciones informativas y afectaría derecho a información”, señalaron.
En la misma línea, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la propuesta al señalar que es contraria a los principios internacionales sobre libertades de prensa, expresión y asociación.
“En las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva para expresar ideas, oposición o denuncias. Restringir esos principios atenta de forma flagrante contra las convenciones internacionales sobre derechos humanos”, sostuvo el presidente de la SIP, Michael Greenspon.
“De ninguna manera. Nosotros siempre hemos estado abiertos a la prensa, y ustedes (periodistas) en el rol que les compete. Nosotros no vamos a impedir que esa labor de investigación y de dar la noticia diariamente a la población peruana sea manera libre y espontánea y dentro de sus competencias de la libertad de prensa que cada uno de ustedes tiene”, acotó.
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