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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén aseguró que el dictamen que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, “no promueve la impunidad” y dijo esperar que sea promulgada en los próximos días por el Congreso de la República.
“Aún no se ha publicado. Nosotros tuvimos un debate a la interna muy intenso y finalmente desde el Ejecutivo se decidió no observarla y dejar que esto ocurra si así el Congreso lo estima pertinente”, sostuvo en conferencia de prensa.
Asimismo, resaltó que “desde el punto de vista de aplicación inmediata de la ley penal no es cierto que la mencionada ley promueva la impunidad, nada más lejano de aquello”.
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Explicó que, el Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad, están vigentes en nuestro país desde el 2002 y 2003, respectivamente, y subrayó que la controversia radica en la fecha de inicio de la aplicación.
“En el supuesto que no se publicara la ley subsistiría el problema de la implementación del derecho internacional penal en el Perú. A la fecha no existe el delito de lesa humanidad ni crímenes de guerra, esto tendría que resolverle pronto”, añadió.
Finalmente, dijo esperar que el Legislativo promulgue la norma, para que posteriormente se pueda evaluar lo relativo a su aplicación.
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El dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6951/2023-CR, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, aprobado en segunda votación en la Comisión Permanente del Congreso, establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú a partir del 01 de julio de 2002; es decir, los casos que hayan sido registrados antes de esta fecha no podrían ser procesados ni condenados por su comisión.
“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, señala la iniciativa.
Carta de la CIDH
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a la carta de respuesta que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a la presidenta Dina Boluarte y el Congreso y en el que exige al Estado peruano que se garantice la justicia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta en relación con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad.
“Nosotros no reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes a los poderes del estado para que actúe en uno o en otro sentido. Nosotros entendemos que no hay ningún mandato que cumplir, sino que todos los mandatos los estamos cumpliendo a cabalidad”, subrayó.
Adrianzén también señaló que el plazo para responder oficialmente a la Corte IDH vence el próximo 9 de agosto y agregó que ya “las autoridades competentes están trabajando en ello”.
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