La designación de Juan José Santiváñez, quien afronta 12 investigaciones en el Ministerio Público por diversos delitos, como ministro de Justicia sigue generando una ola de críticas.
La legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, calificó de “desatino” dicho nombramiento, al recordar que el abogado fue censurado del cargo de ministro del Interior, a fines de marzo pasado. En ese sentido, advirtió que esto solo generará un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo.
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“Yo creo, como lo he señalado, que ha sido un desatino, ha sido un tema que debió evitarse porque confronta al Ejecutivo con el Congreso. El Congreso censuró a esa persona entonces debió evitarse, pero también, creo, siendo ya una especulación de lo que piensa el Ejecutivo, que el Ejecutivo o la presidenta no tiene, nada que perder. No es que en estos momentos va a perder un punto de aprobación porque ya no los tiene”, dijo el último lunes a RPP.
La congresista adelantó que su bancada se reunirá en los próximos días para tomar una opinión en conjunto sobre el futuro político de Santiváñez.
Si bien aclaró que no existe una prohibición para que el Gobierno vuelva a elegir ministros censurados en el Gabinete, consideró que esta designación es una “afrenta innecesaria”.
“Tal vez la apuesta de Santiváñez en el Ministerio de Justicia tenga un propósito que nosotros no conocemos. He escuchado al ministro que dice que luchará contra la ‘mafia caviar’ y contra quienes realizan acciones contra el Estado”, sostuvo.
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PIDEN CITAR AL PREMIER PARA QUE EXPLIQUE DESIGNACIÓN
El último lunes, el legislador Edward Málaga-Trillo presentó una moción para citar ante el Pleno del Congreso al premier Eduardo Arana, a fin de que explique los “fundamentos, legalidad y pertinencia” del nombramiento de Santiváñez.
En dicho documento, recordó que el abogado fue censurado por el Parlamento cuando ejercía el cargo de ministro del Interior, el pasado 21 de marzo, Esto, por su “incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector”.
A juicio del parlamentario, la designación de Santiváñez interfiere con la función constitucional de control político del Congreso, así como “atentaría” contra la administración de justicia, al otorgar antejuicio a un funcionario sobre el cual pesan investigaciones fiscales y un impedimento de salida del país.
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