El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, propuso el último viernes declarar un estado de sitio en la ciudad de Trujillo luego que un atentado con explosivos dejara tres personas heridas y daños en más de veinte viviendas. La medida, una de las más drásticas previstas en la Constitución, se propone en la búsqueda de contener la creciente ola de violencia atribuida a bandas del crimen organizado.
Al respecto, la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se mostró en contra de dicha propuesta, al asegurar que no corresponde constitucionalmente debido a que “no existe una situación de guerra externa”.
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En diálogo con Canal N, calificó de “dislate” el hecho que el ministro del Interior, Carlos Malaver, haya asegurado que el Ejecutivo evaluará dicha propuesta.
“Pareciera que la forma como ellos pretenden la solución de este problema es ir de una situación de estado de emergencia, que no ha funcionado en la región La Libertad, a una situación de estado de sitio, que no corresponde constitucionalmente. Eso solamente sería en una situación de guerra externa que no existe en este momento”, dijo la noche del último viernes.
A su juicio, la situación de inseguridad que se vive en La Libertad debe solucionarse de otra manera. Frente a ello, tomó como ejemplo la situación en la que se encontraba Pataz. Recordó que ante la criminalidad en la zona, se tomaron acciones de diversa naturaleza y terminó cesando la violencia.
“Esto tiene que ocurrir en Trujillo”, añadió la también exvicepresidenta del Parlamento
“Lo que ha ocurrido es gravísimo, porque se ha utilizado dinamita, eso ya ha escalado a una situación que creo que amerita también una respuesta diferente de parte del Ministerio del Interior y del Ejecutivo”, enfatizó Juárez.
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SE OPONE A TIPIFICAR EL DELITO DE “TERRORISMO URBANO”
La legisladora también se refirió al proyecto de ley impulsado por algunas bancadas para tipificar el “terrorismo urbano” como delito. Si bien reconoció la gravedad de la criminalidad, expresó su desacuerdo con este enfoque legislativo.
“Nosotros hemos tenido algunos reparos con el tema. Cambiar una denominación no va a extinguir el delito”, dijo, tras precisar que existen algunos criterios de especialistas que consideran que agravar la pena no es un efecto disuasivo.
Desde su perspectiva, la solución pasa por mejorar la eficacia estatal, no por multiplicar normas.
“No creo que el dar más y más normas, como se pretende muchas veces, sea lo que va a encontrar la solución del problema”, finalizó.
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