Pese a las críticas desde diversos sectores, la comisión de Constitución del Congreso aprobó el último martes, por mayoría, el dictamen que permite a los legisladores realizar campaña y proselitismo político durante la semana de representación.
Esto, en el marco de las próximas elecciones generales de abril del 2026.
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La iniciativa en mención, impulsada por el legislador de Fuerza Popular, Arturo Alegría, recibió el respaldo de 15 legisladores, mientras que 5 se opusieron y se registraron 4 abstenciones.
Al respecto, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, defendió la aprobación de dicha norma al negar que, con esto, se esté promoviendo el uso indebido de la semana de representación ni la utilización de fondos públicos con fines proselitistas.
Según dijo, la medida busca proteger el derecho de los parlamentarios a expresar sus posturas ideológicas sin ser penalizados por ello, dado que, a diferencia de otros funcionarios, no manejan recursos estatales directamente.
“Los congresistas son políticos por excelencia y deben poder expresar opiniones políticas. Esto no constituye infracción a la imparcialidad”, señaló esta mañana a Canal N.
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“LAS CAMPAÑAS NO SE HACEN CON S/2,800″
En otro momento, la también legisladora de Fuerza Popular enfatizó que el dictamen no implica autorización alguna para realizar campañas políticas utilizando recursos públicos.
Esto, al ser consultada por la posibilidad de que los legisladores usen el bono que reciben por semana de representación (S/ 2,800), los pasajes de avión y otros viáticos en el marco de la campaña política.
“Nadie ha hablado de ningún aprovechamiento de recursos del Estado. Nunca. Quienes conocen campañas saben que no se hacen con S/ 2,800 soles”, aseveró.
Insistió que el dictamen fue debatido ampliamente dentro de su bancada y que su espíritu no es otro que evitar sanciones injustificadas por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra congresistas que expresen opiniones políticas en ejercicio de su labor.
En ese sentido, advirtió que hay una “campaña dirigida” para hacer creer que la norma permitiría a los congresistas hacer campaña electoral con fondos públicos.
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