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El pasado lunes 8 de enero, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Delia Espinoza, inició diligencias preliminares en contra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Como se recuerda, el informe elaborado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) que implicaba a Benavides fue enviado a la Fiscalía de la Nación en diciembre pasado luego de una investigación y un operativo que llevó a la detención de Jaime Villanueva, exasesor del Ministerio Público.
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El plazo establecido para las referidas diligencias es, inicialmente, de seis meses y se dispuso más de 60 diligencias en el marco de esta investigación.
¿Qué delitos se le atribuyen a Patricia Benavides?
De acuerdo a la disposición emitida por la fiscal Espinoza, en donde se cuentan los ocho hechos por los que se decidió iniciar una investigación preliminar en contra de Benavides, así como los respectivos componentes que sostienen cada una de estas acusaciones, Benavides es investigada por siete presuntos delitos.
Estos son: pertenencia a una organización criminal (coautora), falsedad ideológica (instigadora), cohecho activo específico (autora), cohecho pasivo específico (autora), tráfico de influencias (instigadora), encubrimiento real (autora) y encubrimiento personal (autora).
A la suspendida fiscal de la Nación se le sindica de ser la líder de una presunta red criminal enquistada en la institución, así como se le investiga por la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides.
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También se la indaga por las presuntas acciones ilícitas que habría coordinado con el congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario); así como con otros legisladores en el marco de la elección del defensor del Pueblo.
Finalmente, Benavides es cuestionada por estos otro cuatro temas: las presuntas acciones ilícitas en el Congreso para lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como las presuntas maniobras ilícitas efectuadas para que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspenda en sus funciones al fiscal Rafael Vela y los presuntos actos de encubrimiento en el marco del operativo ‘Valkiria V’, en el que se destapó la presunta red criminal.
Los nuevos elementos en la investigación: Balcázar y otros legisladores
En el documento fiscal se narran nuevos hechos y elementos en la investigación contra Benavides y demás integrantes de la presunta organización criminal, tras las declaraciones de Villanueva, quien se acogió a la colaboración eficaz.
Uno de los implicados es Balcázar. Según la acusación, Villanueva habría contactado a dicho legislador a pedido de Benavides para que votara en contra de la acusación que tenía en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
A cambio de ello, el legislador habría pedido que la fiscal lo ayude archivando una investigación en su contra por el delito de apropiación ilícita, en Lambayeque.
Ante esto, Benavides habría ordenado a Villanueva que contacte a la fiscal Carmen Miranda para que se interceda a favor de Balcázar; sin embargo, esta última se negó a acceder a este pedido, pese a las insistencias.
En el documento se refiere que Miranda no solo ha brindado su testimonio ante el EFFICOP, sino que también entregó su celular para que se extraiga el mensaje que le envió Villanueva, así como las tres llamadas perdidas del exfuncionario.
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Para la Fiscalía, “el señor parlamentario (José Balcázar) vendió su labor congresal, concretada en los votos que debía emitir tanto en la comisión que integraba y tenía que resolver las denuncias constitucionales, como en el Pleno del Congreso, donde se resolvían asuntos como la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la destitución de los miembros de la JNJ, entre otros”.
No obstante, Balcázar no sería el único legislador involucrado. En la acusación se refiere que Benavides, en coordinación con Villanueva y su otro asesor, Miguel Girao, acordaron realizar gestiones para contactar congresistas a fin de influir en sus votos y respalden la inhabilitación de Ávalos.
Para dicho fin, “identificaron a los parlamentarios que tenían investigaciones, a los cuáles ofrecerían emitir pronunciamientos favorables a sus intereses”.
“En dicho contexto, presuntamente Jaime Villanueva, por encargo de Patricia Benavides, se reunió con los siguientes congresistas: Katy Ugarte, Edgar Tello, José Jerí, Luis Cordero Jon Tay, Jorge Flores, Ilich López y Vladimir Cerrón (líder de Perú Libre), para trasladarles el ofrecimiento de archivar sus denuncias a cambio de sus votos a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos”, concluye el informe.
Roy Gates confirma reunión con Benavides
Otro nuevo elemento en la investigación es la declaración que ofreció el abogado penalista Eduardo Roy Gates ante el EFFICOP, el pasado 19 de diciembre.
Según contó el abogado, el pasado 1 de setiembre del 2022 acudió a una reunión en el estudio de abogados Hauyón & Hauyón, de José Luis Hauyón, quien es sindicado como un asesor en la sombra de Benavides. En dicho lugar estuvieron presentes la suspendida fiscal de la Nación y sus dos asesores Villanueva y Girao.
En dicha reunión, Benavides le solicitó que “saliera a dar su opinión ante los medios de comunicación sobre los distintos problemas que ocurrían en la Fiscalía, específicamente por la destitución de la doctora Bersabeth Revilla y el propio caso de su hermana, Enma Benavides”.
Tras ello, Villanueva y Girao le entregaron a Gates una ayuda memoria, en cuyo interior se encontraba un informe de productividad emitido por la Oficina de Productividad Fiscal, que dejaba mal parada a Revilla.
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Al día siguiente, Gates dio una entrevista en RPP en la que salió a explicar la destitución de Revilla en la Fiscalía.
Cabe recordar que el penalista ha sido citado por el despacho de Espinoza para que declare el próximo martes 23, mientras que Hauyón hará lo propio dos días después (31 de enero).
Alejandro Soto y la “ayuda” a Benavides
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, también ha sido involucrado en esta investigación. De acuerdo al testimonio que brindó Villanueva al EFFICOP, al que accedió Latina.
En setiembre del año pasado, los exasesores de Benavides habrían solicitado a Soto que agende la moción de orden del día para remover a los integrantes de la JNJ por una supuesta “causa grave”, impulsado por la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos.
A cambio, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) pidió que lo ayuden con la investigación en su contra por el caso de ‘Fábrica de Trolls’.
Dicha reunión se habría dado el pasado 5 de setiembre, dos días antes de que el Pleno debatiera y aprobara la referida moción.
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En respuesta, Soto negó cualquier vinculación con Benavides y sus asesores. “Respecto a las falsas informaciones difundidas por un medio de comunicación, me veo en la obligación de rechazar contundente y categóricamente cualquier vinculación con la exfiscal de la Nación, así como con sus ex y actuales asesores”, dijo en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Explicó que la moción de orden del día N° 7565, impulsada por Chirinos, fue añadida en la agenda del Pleno del pasado 4 de septiembre por decisión del Consejo Directivo. “No es facultad de la presidencia del Congreso agendar mociones de orden del día”, apuntó.
“Como presidente del Congreso he actuado garantizando que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de todo ciudadano, sin ceder a presiones de ningún tipo. No tengo nada que negociar pues no he cometido delito alguno”, sostuvo Soto.
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