El Quinto Juzgado Constitucional del Poder Judicial, a cargo del juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán, admitió a trámite una demanda de amparo presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haberle iniciado un proceso disciplinario inmediato.
En tal sentido, se concede el plazo de 10 días a la parte demandada, para que haga valer su derecho en el término de ley.
“Admitir a trámite la demanda de proceso de amparo interpuesta por Patricia Benavides contra la Junta Nacional de Justicia, por ofrecidos los medios probatorios respectivos, téngase presente su domicilio real, casilla judicial y su casilla electrónica”, precisa el documento.
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Asimismo, se fija fecha de audiencia única para el día 6 de marzo del 2024 a las 9:00 horas a través de la plataforma Google Meet, informó la Agencia Andina.
Además, requiere que ambas partes en el plazo de 10 días cumplan con señalar su casilla electrónica del Poder Judicial de no haberla solicitado.
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Como se recuerda, esta demanda fue tramitada el pasado 4 de diciembre, antes que la JNJ tomara la decisión de suspenderla en su cargo de fiscal de la Nación.
Una segunda demanda de amparo fue presentada en la víspera ante el Tercer Juzgado Constitucional, pero en este caso aún no hay una decisión de admisión a trámite.
El pasado 6 de diciembre, la Junta Nacional de Justicia resolvió por unanimidad suspender por seis meses a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, decisión tomada en el marco de sus funciones constitucionales.
“La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad, con resolución debidamente motivada, disponer la suspensión provisional por seis meses de la señora Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema del Ministerio Público y , en consecuencia, en el cargo de fiscal de la Nación”, se lee en su comunicado.
Juan Peña, el abogado de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, considera que su patrocinada “no se puede defender” ante la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Además, aseguró que no tienen conocimiento sobre las diligencias que viene realizando el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder.
“Según la propia norma del reglamento hay un conflicto de intereses, independientemente, si es bueno o es malo. Pero aún no la investigan [...] Igual sucedió con los casos de los congresistas que archivaron y nadie dice nada. Y cuando le preguntan al denunciante, dice ‘no, yo no di la denuncia’. Y eso sí no es bueno”, indicó.
