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En un evento realizado por la ONG Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo (ILAD), el ministro de Educación, Óscar Becerra, se mostró a favor de implementar la pena de muerte en el Perú y de que abandonemos la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
“Singapur tiene el mejor servicio educativo del mundo, pero también tiene la pena de muerte. Hagamos los vouchers, pero también traigamos la pena de muerte y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con el perdón de los adefesios”, señaló en un video difundido por ILAD en sus redes sociales.
La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. Al ser consultado por la prensa, el premier Alberto Otárola aclaró que las afirmaciones del titular de Educación no reflejan la posición del Gobierno.
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“Esa no es la posición del Gobierno. El Gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José, que ha sido ratificado en el año 79 por nuestro país y actuaremos, en consecuencia, con ese respeto”, manifestó en conferencia de prensa.
Otárola añadió que hoy, a partir de las 4:00 p.m. sostendrá una reunión con Becerra para abordar este tema.
El titular de la PCM también se pronunció respecto a la denuncia presentada contra el superintendente de la Sunedu, Manuel Castillo Venegas. Según reveló “Punto Final”, a menos de cumplir un mes en el cargo se dio trámite con rapidez el reconocimiento de Santos Montaño Roalcaba como rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), pese a que la anterior gestión no lo registró con tal cargo.
Castillo Venegas fue abogado de Montaño Roalcaba en el proceso que inició para ser reconocido como rector de dicha casa de estudios, incluso se presentó en el Congreso para defender a su entonces cliente. Esto configuraría un conflicto de interés.
“El Gobierno rechaza cualquier conflicto de intereses que afecte la integridad y la meritocracia al interior del Estado, es por eso que a las 4:00 p.m. hemos convocado al ministro de educación (...) vamos a tomar debida nota de esta denuncia y vamos a tener una respuesta adecuada de parte del Gobierno”, enfatizó Otárola.
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Reforma en la Policía
Al respecto, el premier calificó de respetable la solicitud de López Aliaga; no obstante, recordó que durante el Gobierno de Pedro Castillo se hizo algo similar y no se obtuvo resultados y efectos.
En ese sentido, dijo que la prioridad del Ejecutivo es consolidar la reforma del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú.
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“Esta reforma permitirá contar con una policía más profesional, capacitada y cercana a la ciudadanía, con miras a enfrentar a esta lucha contra la inseguridad”, acotó.
Anunció que una medida que se viene analizando es que, ante la salida de 5,000 licenciados de las Fuerzas Armadas este año, estos podrían incorporarse en una sección de la PNP especializada en seguridad ciudadana.
“Pero lo importante es que estamos incursos en una reforma del Ministerio del Interior y este anuncio y otros los estaremos comunicando al país y al Congreso de la República”, enfatizó.
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