Un día después de que se conociera el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas en el Perú, el premier Alberto Otárola criticó dicho documento al señalar que que no se puede aceptar una “práctica injerencista” en las atribuciones constitucionales del país.
A su juicio, este informe tiene un “deficiente análisis” sobre el papel de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las protestas, por lo que aseguró que el Gobierno de Dina Boluarte ratifica el respaldo a las fuerzas del orden.
“En el caso de los heridos militares y policiales, la CIDH ha realizado un deficiente análisis porque, pese a que ellos son los que han resguardado y cuidado el orden interno y actuado según la responsabilidad constitucional, seguramente con algunos errores en la ejecución de los mismos. Por ejemplo, en el caso de la Policía, el señor (José Luis) Soncco, que fue quemado vivo dentro de un patrullero, solo ha sido mencionado como un hecho más, 10 palabras se refieren a él dentro del informe”, cuestionó en diálogo con RPP.
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Otárola remarcó que el Ejecutivo defiende la actuación de las FF.AA. y la Policía, pero también la necesidad de llegar a la verdad para encontrar un “camino de reconciliación”, previo respeto al debido proceso, el derecho a defensa y la presunción de inocencia.
Respecto a las 36 recomendaciones que ha planteado la CIDH, el premier adelantó que el Ejecutivo las analizará completamente para “ver la aplicación de su pertinencia” en el marco del Pacto de San José, de acuerdo a nuestra propia legislación interna.
“Son recomendaciones que serán remitidas a todos los sectores y seguramente del sector Justicia se van a estar haciendo un seguimiento adecuado para poder remitir los informes a que se comprometa el Perú, de eso se trata”, sostuvo.
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Responsabilidades individuales
En otro momento, el premier recordó que las responsabilidades por las muertes ocurridas en las protestas son individuales. En ese sentido, dijo que será el Poder Judicial el que determine esas responsabilidades.
“Las responsabilidades en el proceso penal peruano son individuales, no responsabilidades colectivas. Quien va a decir si hay responsabilidades individuales va a ser un juez”, dijo tras precisar que no puede adelantar opinión respecto a una indagación que tiene carácter de “reservada” en la Fiscalía.
Otárola añadió que el Ejecutivo respeta la pesquisa que lleva adelante la Fiscalía de la Nación y que serán muy pulcros con las decisiones que adopte esta institución; no obstante, precisó que serán “muy enérgicos en rechazar cualquier intento que quiera obligarnos a nosotros a asignar responsabilidades que solo lo puede hacer un juez o un fiscal”.
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