El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, junto a otros seis ministros de Estado, se presentan en este momento ante la comisión de Constitución a fin de sustentar el proyecto de ley del Gobierno en que solicita facultades, por 120 días, para legislar en materia de seguridad ciudadana, políticas para combatir el fenómeno El Niño Global, entre otros temas.
Durante su discurso, el premier indicó que uno de los temas al que se pondrá atención es el narcotráfico, que ha crecido de manera exponencial con el pasar de los años.
Recordó que en el año 2015 las áreas de cultivo de coca eran de aproximadamente 40,000 hectáreas. Según dijo, esta cifra se logró gracias a una reducción histórica impulsada en el quinquenio anterior. Las áreas de coca pasaron de aproximadamente 63,000 a 40,000 hectáreas.
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Sin embargo, alertó que el año pasado las hectáreas de cultivo de coca se incrementaron a 95,000, según reportó un informe de Devida.
“Esto implica no solo un incremento de 18% respecto al año 2021, sino que hay algo que nos alarma y solicito que el Congreso se avoque a la investigación de este caso porque, si hacemos una comparación de las cifras desde el año 2015 al 2021, se ha incrementado en un 135% la superficie de coca en el país”, cuestionó.
Otárola consideró que aquí hubo, por un lado, irresponsabilidad de parte de los gobiernos de turno, y, sobre todo, un pésimo enfoque respecto al crecimiento del narcotráfico en el país.
“¿Por qué es importante medir la superficie de coca?, porque casi el 90% de coca se va al narcotráfico, porque esto ha permitido que tengamos 800 toneladas de producción potenciable de cocaína, porque el Perú se ha convertido en el segundo país que exporta mas cocaína en el mundo y que genera toda una economía ilegal que le esta haciendo daño a las poblaciones afectadas”, lamentó.
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El premier también cuestionó que se haya quebrado una política exitosa de erradicación de cultivos de coca. Explicó en un mapa que el aumento de producciones de cultivo alternativo permitió que al año 2015 se reduzca aproximadamente a 40,000 hectáreas; es decir, se marcó una tendencia decreciente.
Sin embargo, a partir del año 2016 se generó un descuido por parte de los gobiernos de turno y se dejó de erradicar estas hectáreas, algo que se debe investigar.
“El Estado no solamente ha trabajado, en su momento, con la cadena más débil del narcotráfico, que son los campesinos excocaleros, interviniendo en su desarrollo y sacándolos de la pobreza. Eso se hizo hasta el 2015, pero como ven en el mapa, a partir del 2016 hasta el 2021 la superficie de coca crece exponencialmente y se erradica menos, y por aquí han pasado tres administraciones, algo que se tendrá que investigar. Algo ha pasado en el país para que esto ocurra”, criticó.
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Anunció, en ese sentido, que en el próximo proyecto de presupuesto se le otorgará mayor presupuesto a Devida y la Policía, para que puedan combatir de manera eficaz al narcotráfico y se apoye el crecimiento de los cultivos alternos y sostenibles.
“Esa tendencia se va a revertir y es el compromiso del gobierno Dina Boluarte que así ocurrirá”, enfatizó.
“Se ha instaurado la cultura del miedo”
Respecto al tema de la inseguridad ciudadana, Otárola reconoció que junto con la corrupción, la inseguridad ciudadana son los problemas más graves que aquejan a los ciudadanos, lo cual requieren una respuesta rápida.
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“Hemos visto cómo ha crecido la delincuencia y se ha instaurado la cultura del miedo. Esto requiere una respuesta rápida”, aseveró.
En ese sentido, pidió que se apoye la propuesta para que las requisitorias permanezcan vigentes hasta que se capture al agresor, delincuente, terrorista o narcotraficante.
“No queremos más robos y se va a legislar para ello”, dijo.
También solicitó se apoye la propuesta para habilitar una gran central de operaciones de emergencia, que uniría los servicios 105 y 911. Dicha central articulará a la Policía con las municipalidades.
Además, destacó que se propone mayores controles al servicio de transporte público y aplicativos con la supervisión de los antecedentes penales, licencias de conducción vigentes y calificación de los conductores.
Por último, lamentó que no haya funcionado el control de la comercialización de los insumos químicos que van al narcotráfico por parte de la Sunat. “Tenemos que cambiar esa situación y tenemos que darle esas facultades a la Policía para que haga esa fiscalización”, añadió.
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