Este grupo de trabajo es conformado por: Ernesto Álvarez, Ernesto Blume, Alberto Borea, Jorge Luis Cáceres, Víctor Garcia Toma, Carlos Hakansson, Aníbal Quiroga, José Luis Sardón, Óscar Urviola y Elizabeth Zea.
En diálogo con Gestión, Óscar Urviola cuenta detalles sobre la labor que realizará esta comisión
-¿Quién tuvo la idea de formar este grupo de asesoría?
En realidad esto se gestó en la gestión del anterior ministro de Justicia (José Tello), quien convocó a algunos constitucionalistas. Yo intervine en dos reuniones para tomar conocimiento e información sobre algunos temas en específico vinculados al tema constitucional y de ahí él (José Tello) esbozó la idea de contar con una orientación constitucional ad horonem.
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-¿Cuál es la labor de esta comisión?
La labor de esta comisión es exponer lo que realmente sucedió el 7 de diciembre (del 2022) y aclarar que todo lo posterior no es más que la sucesión de un régimen constitucional legítimamente constitucional y que felizmente nos ha permitido continuar con un sistema democrático que tiene que consolidarse y reforzarse a futuro.
-¿Ya se ha establecido cada cuánto tiempo se van a reunir y en qué lugar?
La ley establece un plazo de 10 días después de la publicación (de la norma) para que se instale la comisión. Seguramente el ministerio de Justicia nos hará la convocatoria en su momento para poder reunirnos, hacer las coordinaciones y empezar a trabajar. Incluso, se tendrá que establecer algún reglamento que nos permita trabajar coordinada y armónicamente para lograr los resultados.
-¿Cuál es la tarea inmediata que tendrán como comisión consultiva?
La tarea inmediata es que se hable bien en el exterior sobre lo que pasó en diciembre pasado en el Perú. Sobre eso hay consenso. Arrancaremos con ese tema. Vamos a dar un testimonio verídico de lo que pasó en Perú para hacer frente a las mentiras tan descaradas del señor (Gustavo) Petro y de (Andrés Manuel) López Obrador.
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-¿Todo el trabajo lo harán desde Palacio de Gobierno/ Ministerio de Justicia o también tienen previsto viajar al exterior?
Vamos a utilizar todos los medios necesarios. Se está considerando esa posibilidad, por ejemplo, asistir a foros internacionales que tienen mucha influencia en gobiernos y poblaciones del exterior con los cuáles queremos mantener fluidas relaciones.
-¿Solo darán asesoría o también tienen presentarán proyectos de ley?
Yo creo que eso también es el propósito. Hay que tener en cuenta que el tema de esclarecer lo que ocurrió el 7 de diciembre es inmediato y también hay algo que está en el plano a mediano y largo plazo, que sería sugerir las iniciativas que deben partir del Ejecutivo para hacer frente a un proceso electoral que, de todas maneras, tendrá que realizarse. Creo que eso requiere que se establezcan cambios muy importantes para garantizar que todo lo malo que hemos experimentado en los últimos años no se vuelva a repetir.
-¿Cómo que tipo de cambios?
Bueno, hay muchos cambios que hacer en esta Constitución, que es una de las mejores. El capítulo económico creo que es inmejorable, pero en la conformación y estructura del Congreso tenemos que pensar en una serie de medidas que haga que esta institución sea mas reflexiva, quizás pensar en la bicameralidad, en la cuestión de confianza, la vacancia y tantas cosas que últimamente han sido utilizadas de manera inadecuada o mal interpretadas. Quizás necesiten algún ajuste.
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-En los últimos años en el Congreso se han presentado varias mociones de vacancia presidencial, algunas fueron aprobadas y otras no. ¿Qué se puede hacer en este tema?
Si, quizás ahí hay que hacer algunos ajustes. No se pueden eliminar esas herramientas que no son un invento de la Constitución del 1993, siempre han estado en las constituciones anteriores, pero que cuando son mal utilizadas como, efectivamente, ocurrió en algún momento o se han tergiversado, va a requerir, en todo caso, una reforma muy importante, seria e integral. Si hacemos una reforma de un solo tema de nada serviría. Tiene que ser algo mucho mas pensado, recogiendo lo malo y lo bueno de estos últimos 30 años de la Constitución.
-Recientemente el Congreso aprobó un proyecto de ley que reduce el plazo de la suspensión de la prescripción de la acción penal a solo un año, lo que pone en peligro varias investigaciones actualmente en curso. ¿Qué le parece?
Hay una regla en el derecho procesal penal en el sentido que la suspensión está vinculada al máximo de la pena, y entonces para todos los delitos no es la misma regla, sino está en función a la pena máxima para ver los temas de suspensión de la prescripción. Yo creo que ahí deben opinar los expertos en derecho penal, pero en definitiva tanto en derecho civil o penal están sujetos al cumplimiento de los fines y objetivos que fija la Constitución, y creo que cuando se empiezan a alterar las reglas que garantizan una correcta administración de justicia podríamos generar alteraciones en los procesos tan importantes que están en curso. Ninguna modificación que puede tener efectos inmediatos en proceso tan importantes, sobre todo los vinculados a la corrupción, es aconsejable.
-En ese sentido, ¿cree que el Ejecutivo hizo mal en promulgar esta norma?
Bueno, no he leído la norma a cabalidad, pero en todo caso si esto ha sido revisado por el Ejecutivo y no han hecho la observación del caso entiendo que tendrán sus razones para haber promulgado la norma. Pero, en principio considero que estas modificaciones que afectan procesos que están en curso pueden generar suspicacias o situaciones que pueden estar vinculados a intereses personales.
-Respecto a la ley para que la presidenta Dina Boluarte pueda despachar de forma remota, ¿el grupo que integra respalda la propuesta?
Bueno, nosotros ya emitimos nuestra opinión en la reunión que tuvimos con (Dina) Boluarte en Palacio. Nosotros opinamos en sentido favorable a esta norma que no hace más que privilegiar la necesidad que tiene el Gobierno de tener presencia en importantes eventos en el exterior. La tarea posterior será modificar la Constitución para establecer claramente que, por ejemplo, en caso de ausencia del primer o segundo vicepresidente, se encarga del despacho (presidencial) el primer ministro, como ocurre en Chile o Ecuador, porque el despacho es el despacho, no es la sucesión constitucional.
-En caso el Congreso apruebe en segunda votación la ‘Ley Mordaza’, ¿ustedes como comisión consultiva le recomendarían a Boluarte observarla?
Esa ya es una labor del Gobierno y tendrá que ser analizada por el gabinete de asesores. Si nos piden alguna opinión, la daremos. Nosotros no vamos tener intromisión en todos los actos del Ejecutivo.
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-¿En qué temas si opinarán y en qué temas no lo harán?
Este no es un órgano permanente, es un consejo consultivo que emitirá opinión en las cosas que la presidenta o el premier nos ponga en consideración. Nosotros no vamos a emitir opinión sobre todos los asuntos que pasan por el Ejecutivo.
-Sobre la presidenta, ¿le preocupa que no haya dicho toda la verdad sobre las reuniones que habría tenido con el empresario Eduvigis Beltrán?
Nosotros estamos prestando nuestro apoyo a la Presidencia de la Republica. La señora Boluarte tendrá que atender los asuntos en los que se le quiere involucrar conforme a los procedimientos y a la libertad de acción que tiene. Nosotros no tenemos que ver absolutamente con esas situaciones.
-La Fiscalía citó a Dina Boluarte para este 6 de junio a fin que declare sobre las muertes registradas en las protestas en contra de su Gobierno. ¿Sería un error si guarda silencio?
No quiero entrar a ese plano, la señora presidenta tiene su defensa técnica que, seguramente, la aconsejará qué es lo que tiene que hacer.
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