El presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, César Sahuanay, indicó que corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema y el presidente del Poder Judicial tomar una postura en torno a la propuesta de jueces sin rostro para juzgar casos de crimen organizado.
“Entiendo que el Poder Judicial tiene los órganos que deben tomar una decisión, tiene la Sala Plena, que es el máximo órgano de deliberación, entiendo que todavía no ha tomado una postura nuestra Corte Suprema ni el presidente del Poder Judicial”, aseveró.
Sin embargo, mencionó como dato que el Poder Judicial tuvo que volver a enjuiciar aquellos casos de terrorismo resueltos por jueces sin rostro después de 10 a 15 años, con las dificultades probatorias que ello implica.
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“Cuál sería el mensaje? ¿esa situación a favor de quién jugó? De la impunidad, esos casos anulados traen dificultad probatoria, muchos testigos mueren, en otros casos migraron y no era posible ubicarlos. Qué podía hacer un juez, un fiscal; en esa época se manejaba el atestado policial, si era consistente propicio una sentencia condenatoria, si era débil sentencia absolutoria”, refirió.
¿Quién propone los jueces sin rostro?
El congresista Juan Burgos Oliveros, de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, presentó una iniciativa legal que autoriza al Poder Judicial la creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado.
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El propósito de la iniciativa N.° 6920/2023-CR, según indica, es preservar la identidad de los magistrados involucrados en estos casos y fortalecer la lucha contra la criminalidad.
Para ello, plantea modificar la Ley 30077, Ley que tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales, a fin de disponer que sea secreta la identidad de los magistrados.
Casos sentenciados
En declaraciones a RPP, el magistrado César Sahuanay, indicó también que esta corte especializada en justicia penal dictó el año pasado 235 sentencias, más del doble del año anterior, lo que significa que el sistema especializado y el Código Procesal Penal están dando resultados.
Refirió que el 2020 las sentencias emitidas por esta corte fueron 35, al año siguiente subieron a 91, el 2022 fueron 111 y el 2023 llegaron 235.
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Eso muestra que el sistema especializado está dando sus frutos, necesita ser fortalecido y que los jueces vayan adquiriendo expertiz”, sostuvo.
Dijo además que, con el actual Código de Penal, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, los juicios duran en promedio 3 años en los casos más complejo y que el propósito es que duren entre uno a dos años.
En el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, refirió que diversos hechos propiciaron que la etapa intermedia de control de acusación demore y todavía no se pase a juicio oral, mientras que en caso de Keiko Fujimori ya se anunció que el 1 de julio se inicia el juicio oral.
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