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Actualmente la ONPE entrega financiamiento público directo a los partidos políticos con representación en el Congreso para la realización y difusión de actividades de formación, capacitación e investigación, en gastos de funcionamiento ordinario, la adquisición de inmuebles, entre otros.
No obstante, muchas agrupaciones políticas no gastan todo el dinero entregado por el Estado y lo retienen en sus cuentas bancarias.
Al respecto, el jefe de la ONPE, Manuel Cox, planteó que dicha situación se revierta y que el dinero no utilizado por los partidos regrese a las arcas del Estado.
“Se debe establecer la devolución al tesoro público de los recursos provenientes del financiamiento no utilizados o no solicitados en cada ejercicio presupuestal, como ocurre con todos los fondos públicos no ejecutados”, señaló durante su presentación ante la comisión de Constitución.
Cox también consideró que, en el caso de los inmuebles comprados con dicho dinero, se debería incluir una disposición respecto a la pérdida de dominio cuando se disuelve el partido, debiendo revertirse la propiedad al Estado peruano.
Capacidad coactiva
En otro momento, el jefe de la ONPE insistió en la necesidad de que su institución tenga la facultad de realizar cobranza coactiva a las organizaciones políticas que no cumplan con cancelar sus multas electorales.
“Estamos de acuerdo con el otorgamiento de facultades coactivas a la ONPE y que el dinero recaudado por concepto de multas constituya recursos directamente asignados a la institución”, acotó ante el grupo de trabajo.
Cox agregó que el costo enorme que tiene la ONPE al momento de preparar los informes y procedimientos que conllevan a la sanción de un candidato o partido, se pierden cuando el tema es llevado a una instancia judicial, debido a que, muchas veces, los procesos son engorrosos y demoran mucho tiempo.
“Hasta la fecha, de todos los procesos administrativos sancionadores que hemos abierto contra los partidos, solo uno ha cumplido con el pago. Entonces, es importantísimo que tengamos la facultad de cobranza coactiva, como lo tiene la Sunat y municipalidades. Es importante que se apruebe”, enfatizó.
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Aportes privados
El jefe de la ONPE también se mostró de acuerdo con el proyecto de ley que establece topes máximos a los aportes obtenidos por la realización de actividades proselitistas, incluso en época no electoral.
Actualmente la norma establece un tope de 250 UIT (S/1′075,000) por cada actividad proselitista
No obstante, el proyecto de ley del Partido Morado plantea que, en periodo no electoral, el aporte no supere las 100 UIT (S/430,000), mientras que en época electoral el tope sea de hasta 250 UIT, por el total de actividades en su conjunto.
Finalmente, Cox pidió que sea considerado como una infracción grave que los partidos no cuenten con un sistema de control interno, encargado de la adecuada utilización y contabilización de todos los actos y documentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico.