A ocho meses de las elecciones generales de abril del 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó una serie de modificaciones al reglamento que regula el financiamiento que reciben los partidos políticos.
A través de la Resolución Jefatural N.º 000137-2025-JN/ONPE, la institución que lidera Piero Corvetto modificó alrededor de 30 artículos del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
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Esto, con la finalidad de “fortalecer la transparencia, modernizar la franja electoral y optimizar el control de los recursos públicos asignados a las organizaciones políticas con representación en el Parlamento”.
El principal cambio que se introdujo reglamento está relacionado con la contratación de capacitadores con el dinero del Financiamiento Público Directo (FPD). En ese sentido, se colocaron una serie de restricciones.
Piero Corvetto indicó que supervisarán el buen uso del financiamiento público directo. (Foto: ONPE)
¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES Y DE QUÉ MANERA AFECTARÍA A VLADIMIR CERRÓN?
Anteriormente, el artículo 9 de dicho reglamento estipulaba que se encuentra prohibido utilizar los fondos del FPD para contratar personal permanente para el funcionamiento ordinario, así como servicios diversos (capacitación y formación) con “personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavados de activos, terrorismo o crimen organizado, restricción que se extiende hasta la aplicación de la rehabilitación establecido en el artículo 69 del Código Penal”.
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No obstante, la ONPE modificó este artículo e incluyó en la prohibición a los “directivos, representantes, afiliados y no afiliados del partido que tengan sentencia consentida o ejecutoriada”, por la comisión de los delitos vinculados al financiamiento de organizaciones políticas y por falsa declaración sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas en agravio de la institución electoral.
Uno de los partidos políticos que podría verse afectado con esta decisión es Perú Libre (PL). El diario El Comercio recordó que tanto el fundador de dicha agrupación, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia, como la presidenta Dina Boluarte se encuentran investigados por el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Pedro Castillo, en los comicios del 2021.
En caso Cerrón y Boluarte sean condenados por estos hechos, Perú Libre no podría contratarlos para que, por ejemplo, brinden capacitación a los militantes del partido.
Cabe recordar que, hasta el año 2023, Perú Libre pagaba a Cerrón un salario de S/12,000 en efectivo, algo que fue cuestionado por la propia ONPE.
Vladimir Cerrón se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023. (Foto: Andina)
OTROS CAMBIOS AL REGLAMENTO
En cuanto a la contratación de empresas para actividades de formación, capacitación, investigación o difusión, el organismo electoral precisó que la prohibición solo aplica cuando estas estén vinculadas a los directivos del partido en calidad de socios, accionistas o representantes legales.
Además, dispuso que las organizaciones políticas que reciben FPD presenten un informe anual sobre el uso de estos recursos. Dicho dinero será depositado en una cuenta bancaria exclusiva para cada partido.
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“Esta no puede emplearse para recibir aportes privados, de campaña u otros conceptos, y su administración recae en el tesorero y el representante legal de la organización política”, se lee en el texto.
Cabe precisar que este dinero que proviene de las arcas del Estado no podrá utilizarse para financiar propaganda o campañas electorales en medios de comunicación, ni para promover o difundir la imagen de una o varias personas vinculadas a la organización, ni para solventar campañas a favor o en contra de candidatos durante los procesos de democracia interna.
Respecto a la franja electoral, la ONPE incorporó nuevos requisitos para la contratación de agencias de medios, ‘influencers’ y creadores de contenido en el marco de las próximas elecciones.
Por ejemplo, según informó RPP, un influencer deberá acreditar que su cuenta tiene al menos un año de antigüedad, así como 100,000 seguidores y un nivel mínimo de interacción.
En paralelo, las agencias de medios que quieran participar deben presentar una declaración jurada acompañada de documentos que respalden su experiencia. Esto incluye acreditar al menos cuatro años en planificación, estrategia, compra y/o gestión de espacios publicitarios en plataformas digitales, así como una inversión mínima de 186 UIT (S/995,100) en publicidad digital durante ese mismo periodo, indicó dicho medio de comunicación.
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