Lava Jato: Fiscalía detectó presuntos sobornos por más de S/ 13.4 millones en 26 arbitrajes

Según la resolución para el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra 16 árbitros a la que accedió Gestión, Juárez Atoche afirma que por estos procesos arbitrales la empresa les pagó presuntos sobornos.

Juárez separa los arbitrajes en cuatro grupos: A, B,C y D. Entre ellos están los proyectos IIRSA Norte, IIRSA Sur Tramos 2 y 3, Carretera San José de Sisa y la Carretera Chacas San Luis.

Por estos fallos, a favor de la empresa brasileña, Odebrecht pagó un total de S/ 13.4 millones en presuntas coimas, según se revela en la resolución.

Origen de los pagos

Juárez señala que los desembolsos “tendrían origen ilícito, ya que provendrían de parte de la Caja 2 de Odebrecht”.

Agrega que los pagos a los sobornados se habrían hecho a través de la Banca Privada de Andorra. Precisamente, a la cuenta Maxcrane Finance S.A. mediante facturas ficticias a la empresa Jure Et de Jure.

“También a través de pagos de la caja chica de la matriz de Odebrecht”, se lee en el oficio.

Para la Fiscalía, los árbitros habrían transferido o convertido esos pagos para ocultar su origen o darles de apariencia de legalidad fusionándolos con su patrimonio personal y familiar. De esta manera, los investigados por presunto lavado, cohecho y asociación ilícita habrían alcanzado un incremento patrimonial notable.

Los colaboradores

Juárez también revela en la resolución que cuenta con el testimonio de tres aspirantes a colaboración eficaz. Uno de ellos es el exárbitro Horacio Cánepa. El fiscal lo confirmó a este diario en una entrevista (Gestión 14.06.2019).

Otros delatores son los exejecutivos de Odebrecht José y Rony Loor Campoverde.

El Ministerio Público también cuenta con la versión de dos exfuncionarios peruanos.

Crimen organizado

Juárez decidió adecuar la investigación que tiene contra 16 árbitros a la ley de crimen organizado (Ley 30077).

Esto le permitió solicitar como máximo 36 meses de prisión preventiva contra los investigados (ver nota vinculada). La Ley 30077 también señala que en el plazo de 36 meses de investigación preparatoria el Ministerio Público tendrá que presentar su acusación.

Fuentes fiscales indicaron a este diario que Juárez lo hará en menor tiempo.

El fiscal no decidió formalizar investigación preparatoria contra Jorge Barata y otros exdirectivos de Odebrecht gracias al acuerdo de colaboración eficaz.