La Secretaría Nacional de Justicia de Brasil decidió suspender su cooperación jurídica internacional con Perú en los casos vinculados a Lava Jato, específicamente aquellos relacionados con la empresa Odebrecht (ahora Novonor).
Según informó el diario brasileño “O Globo”, la medida responde a la utilización, por parte de las autoridades peruanas, de pruebas que fueron invalidadas por la justicia brasileña o que habrían sido empleadas en contextos distintos a los autorizados.
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A través de un comunicado, Odebrecht reafirmó su compromiso con el acuerdo de colaboración que firmó con la justicia peruana; sin embargo, justificó la decisión del Gobierno de Brasil de suspender la cooperación entre ambos países en el marco de la investigación por los presuntos actos de corrupción promovidos por dicha constructora.
“La empresa reafirma su compromiso con el Acuerdo de Colaboración suscrito con el Estado peruano, representado por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública, así como el respeto irrestricto a todas las leyes aplicables en las diferentes jurisdicciones donde desarrolla sus actividades”, indicaron el último sábado.
La constructora brasileña recordó que dicho acuerdo prevé no solo la entrega de documentos y de testimonios de sus ejecutivos, sino también los mecanismos de cooperación jurídica entre Perú y Brasil, pero pidió que se respeten las restricciones al uso de pruebas previstos por los mismos.
“La presente suspensión de la cooperación jurídica internacional responde a reiterados incumplimientos, debidamente documentados por la empresa y oportunamente comunicados a las autoridades de Brasil, de compromisos asumidos por la Procuraduría Pública y el Equipo Especial de Fiscales en los Acuerdos de Compromiso Internacional”, aseguró Novonor, al justificar la decisión de las autoridades brasileñas.
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CRITICAN QUE PRUEBAS ENTREGADAS SEAN USADAS EN SU CONTRA
El acuerdo de colaboración prevé la imposibilidad de que las fuentes y medios de pruebas proporcionados voluntariamente por la compañía sean utilizados en su contra para la instrucción de procesos penales, civiles y administrativos.
En ese sentido, advirtieron que tales incumplimientos se viene repitiendo desde el año 2018, “lo que demuestra que trasciende a gobiernos y a la política”.
“La empresa continúa cumpliendo íntegramente con sus obligaciones y espera que se subsanen todos los incumplimientos, restableciendo las condiciones de seguridad jurídica para el pleno respeto de los compromisos internacionales y del Estado de Derecho”, concluyó el comunicado.
Como se recuerda, el Tribunal Supremo de Brasil anuló en el año 2023 todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora debido a errores procesales cometidos por la justicia de dicho país, pero el Perú continúa usándolas internamente en los procesos vinculados a Lava Jato.
Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que, entre 2001 y 2016, pagó US$ 788 millones en sobornos a funcionarios de 12 países, en su mayoría de América Latina.
La constructora admitió haber pagado sobornos para adjudicarse un centenar de proyectos de construcción, unos actos criminales que le permitieron obtener beneficios calculados en US$ 3,336 millones.
Con información de Efe
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