Agentes de la División de la Policía Judicial llegaron este miércoles 20 de noviembre a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la república, Dina Boluarte, en el distrito de San Borja, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por 36 meses, pero no lo encontraron.
Los agentes tocaron repetidamente la puerta del departamento donde vive el hermano de la mandataria y fueron recibidos por su hija, quien les dijo que su padre no se encontraba en el lugar, informó Canal N.
“No se encuentra. Sí (nos abrió un familiar), su hija”, señaló una oficial de la Policía Judicial, quien evitó ahondar en más detalles sobre la diligencia.
El Poder Judicial emitió una orden de ubicación y captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras dictarle 36 meses de prisión preventiva.
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Como se recuerda, Boluarte no asistió a su última audiencia, en la cual se dictó la medida en su contra. Además, su abogado, Luis Vivanco, no pudo informar al juez Concepción Carhuancho sobre el paradero de su patrocinado. Sin embargo, el pasado domingo, cuando comenzó la lectura, se le vio dentro de un vehículo.
La resolución dispone que se notifique tanto a Requisitorias a nivel nacional como a Interpol a nivel internacional. El plazo de prisión preventiva comenzará una vez que sea capturado.
El requerimiento del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva también incluye a los investigados Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez.
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Las cuatro defensas interpusieron recursos de apelación contra el fallo del magistrado, mientras que la Fiscalía respaldó la decisión emitida.
Acusaciones contra Nicanor Boluarte
Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, es investigado por el Ministerio Público bajo la acusación de liderar una presunta organización criminal. Según las indagaciones, habría conformado un “grupo de confianza” para ejecutar un plan ilícito con el apoyo de operadores regionales.
El objetivo sería tomar control de la Dirección General del Gobierno de Interior del Ministerio del Interior mediante el nombramiento irregular de prefectos y subprefectos en las regiones de San Martín, Cajamarca, Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco.
De acuerdo con la tesis fiscal, el propósito era que estas autoridades no solo brindaran respaldo al gobierno en funciones, sino también recolectaran fichas de afiliación y contribuyeran económicamente al partido político ‘Ciudadanos por el Perú’ para facilitar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.
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