Caso Gasoducto: PJ evaluará el 2 de setiembre rechazo a prisión preventiva contra Nadine Heredia

La Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia evaluará el próximo 2 de setiembre la apelación al rechazo a la prisión preventiva de 36 meses contra la exprimera dama Nadine Heredia, quien es investigada por el presunto delito de colusión en el caso Gasoducto Sur.

De esta manera, el juzgado desestimó el pedido de Jefferson Moreno, abogado de Nadine Heredia. para que se declare inadmisible la apelación de la Fiscalía al pedido de prisión preventiva, pues según él, se habría presentado de forma extemporánea.

De acuerdo a un registro de mesa de partes de la Corte presentado por Moreno, la apelación del Ministerio Público ingresó a las 11:32 p.m. del 12 de agosto. Es decir, fuera del horario de atención al público.

No obstante, la Sala Penal resolvió que el recurso de apelación interpuesto por la fiscal Geovana Mori fue presentado a través de correo electrónico el 12 de agosto de 2020 a las 3:30 p.m. e ingresando al Sistema de Justicia por mesa de partes a las 11:32 p.m.

Incluso, los jueces advierten que la defensa presentó su escrito de control de admisibilidad el 20 de agosto a las 3:21 p.m., el cual fue ingresado por mesa de partes a las 4: 07 p.m.

“Con lo anterior se aprecia que el recurso de apelación se ha presentado dentro del horario laboral establecido por esta Corte Superior Nacional”, señala el juzgado tras declarar infundado el pedido de la defensa de Heredia.

Lo que se debe resolver

El 7 de agosto pasado, el juez Juan Sánchez Balbuena declaró infundado el pedido de prisión preventiva de 36 meses contra Nadine Heredia y los exministros Luis Miguel Castilla (Economía) y Eleodoro Mayorga (Energía y Minas).

Los tres son investigados por los presuntos delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en organización criminal, por los presuntos actos irregulares cometidos por la empresa brasileña Odebrecht en la licitación del Gasoducto Sur.

Sánchez rechazó el pedido de la fiscal Geovana Mori, pues a su juicio, no existen graves y fundados elementos de convicción para dictar la prisión preventiva.

Sostuvo que los investigados presentan arraigo dentro de la investigación y que no hay peligro de fuga. Sin embargo, dictó comparecencia con restricciones contra los investigados e impuso normas de conducta.

Entre ellas, el pago de una caución de manera individual de S/50 mil en diez días; que acudan al control biométrico cada 30 días y que no se ausenten de sus residencias sin autorización judicial.

En la apelación del 2 de setiembre, la Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia podría revocar la decisión del juez Juan Sánchez y, de esta manera, Heredia volverá a prisión preventiva.