No solo el Congreso de la República y el Poder Judicial buscan elegir a sus propios procuradores. La Municipalidad de Lima (MML) quiere hacer lo mismo.
El último viernes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, envió al Parlamento un proyecto de ley que plantea modificar la norma que crea la Procuraduría General del Estado (PGE) para que los gobiernos regionales y locales puedan seleccionar a sus propios procuradores.
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Dicha iniciativa, según el burgomaestre, fue aprobada por el Concejo Metropolitano de Lima, por mayoría, el pasado 8 de septiembre, tras un informe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos del municipio que concluyó que “resulta conforme a la normativa vigente”.
Entre los fundamentos de la propuesta se exige que en la ley que crea la Procuraduría se incluya a los gobiernos regionales y locales entre las excepciones de entidades autónomas que pueden dirigir el proceso de selección para la designación de sus procuradores públicos, cargos que serán ocupados por un plazo de 5 años.
Además, propone modificar el artículo 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades en lo que se refiere a las procuradurías públicas de dichas entidades, de modo que los procuradores sean “elegidos por los titulares” de los municipios.
De acuerdo a la MML, “no resulta congruente con la autonomía constitucional reconocida que la PGE, dependiente del Poder Ejecutivo, se encargue de convocar a un proceso de selección de procuradores públicos para los gobiernos regionales y gobiernos locales”.
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“Por lo que se considera que los gobiernos regionales y locales participen en dicha selección encargando los aspectos ejecutivos a los titulares de dichas entidades, manteniendo su autonomía administrativa y funcional”, indica el documento.
Cabe recordar que en junio pasado el Congreso aprobó, por mayoría, una ley que reestablece la autonomía del Poder Legislativo, Poder Judicial y otros organismos constitucionales autónomos para elegir a sus procuradores públicos.
Unos días después el Gobierno promulgó la norma, pese a la opinión contraria del Ministerio de Justicia y de la propia PGE.
Tras conocerse esta noticia, el procurador general del Estado, Daniel Soria, interpuso una serie de acciones legales para anular dicha ley, al considerar que vulnera la autonomía de su institución.
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