La investigación por las muertes acontecidas en las protestas en contra de su Gobierno sigue siendo una piedra en el zapato para la presidenta Dina Boluarte, quien insiste en que no se le puede responsabilizar por estos lamentables sucesos.
Esta tarde se conoció que un grupo de 16 políticos y abogados, entre ellos, la expremier Mirtha Vásquez, los exministros Marisol Pérez-Tello y Diego García Sayán y la excongresista Indira Huilca, presentaron una segunda denuncia en su contra ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, institución con sede en La Haya y regida por el Estatuto de Roma, por estos hechos.
A través de su cuenta de la red social “X”, Vásquez explicó que la demanda es por el asesinato de 49 peruanos y de, al menos, 344 heridos producto de las protestas registradas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
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“Para tal efecto, hemos absuelto pausadamente todos los requerimientos legales de acuerdo con las exigencias de la citada corte y actuado con estricto apego al derecho internacional y a la legislación peruana”, se lee en el pronunciamiento suscrito por los denunciantes.
En ese sentido, remarcaron que tienen “la justa expectativa de que se abra una investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares a que haya lugar”.
“Fundamentan nuestra denuncia categóricos informes de países y de organismos internacionales incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional”, añadieron.
Además, señalaron que el país atraviesa una de las etapas más críticas de su historia, “caracterizada por una severa afectación de los principios de la democracia representativa y muy graves violaciones de los derechos humanos que no pueden, no deben, quedar en la más absoluta impunidad”.
Esta es la segunda denuncia presentada contra Boluarte ante la Corte Penal Internacional. A fines de junio pasado, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) la denunciaron ante dicho organismo internacional por los 49 ciudadanos que murieron durante las protestas.
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Comisión de Alto Nivel irá a La Haya
Tras conocerse la presentación de la primera denuncia, el premier Gustavo Adrianzén descartó cualquier posibilidad de que esto vaya a prosperar; sin embargo, anunció que formarán una Comisión de Alto Nivel para que acuda a La Haya para hacer llegar la posición del estado peruano ante el tribunal de justicia internacional.
“Estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve término, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes del alto tribunal a efectos de hacer llegar preliminarmente la posición del Estado peruano frente a estos hechos”, indicó en junio pasado.
El titular de la PCM consideró que la denuncia en mención no cumple con los requisitos necesarios para ser admitida. Mencionó, como ejemplo, que, de acuerdo al Estatuto de Roma, lesa humanidad significa: asesinato, exterminio, excarcelación, tortura, violación sexual, entre otros graves hechos, pero que estas figuras delictivas están relacionadas fundamentalmente a que dichos actos sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, algo que, a su juicio, no ha ocurrido en las protestas en el Perú.
“Esta sola condición no se ha presentado y en consecuencia, en opinión del que habla, esto descarta de plano la posibilidad de que esta denuncia pueda ser acogida por la Corte Penal Internacional”, dijo en su momento.
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