La investigación fiscal está vinculada a presuntas irregularidades durante la gestión de Susana Villarán como presidenta del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). Foto: GEC.
La investigación fiscal está vinculada a presuntas irregularidades durante la gestión de Susana Villarán como presidenta del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). Foto: GEC.

La comunicó a que no le corresponde asumir el pago de su defensa legal en el proceso que afronta por presuntos delitos cometidos cuando presidía el .

Mediante la Carta N° D000016-2025-MML-OGAJ, emitida el 5 de agosto por la Oficina General de Asuntos Jurídicos, la comuna capitalina respondió a la solicitud de Villarán —presentada bajo el amparo de la Ley del Servicio Civil— precisando que el pedido debe ser tramitado directamente ante Invermet.

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“Corresponde encauzar su pedido, el mismo que es remitido al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) como organismo competente, para el trámite que corresponda conforme a sus atribuciones”, señala el documento firmado por Raúl Eduardo Fernández Olivares, jefe de dicha oficina.

La carta recuerda que, según el Reglamento de Organización y Funciones de la , Invermet es un organismo público descentralizado con personería jurídica y autonomía administrativa, económica y técnica, encargado de financiar y gestionar obras de infraestructura vinculadas a los objetivos municipales.

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Villarán es investigada por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, en el marco de la Carpeta Fiscal 27-2028 (Expediente 01691-2020), que incluye un requerimiento mixto con pedido de sobreseimiento parcial.

La investigación fiscal está vinculada a presuntas irregularidades durante la gestión de como presidenta del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

El caso se centra en la obra “Recuperación de la Plaza de la Bandera”, donde el Ministerio Público sostiene que se aprobaron valorizaciones adicionales irregulares a favor del Consorcio Villa, lo que configuraría los delitos de colusión y negociación incompatible.

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