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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, informó que el Gobierno peruano sí cuenta con un estudio de abogados en el proceso de extradición seguido contra el ex presidente Alejandro Toledo ante la justicia de Estados Unidos.
"Tenemos un estudio de abogados. El caso ya está ante la Secretaría [Departamento] de Justicia (de Estados Unidos), que tiene el rol más o menos del Ministerio Público nuestro. Está en fase de evaluación. Los procedimientos son dilatados y complejos en el sistema jurídico norteamericano", explicó.
En diálogo con RPP Noticias, refirió que se ha contratado los servicios de un estudio de abogados por un plazo dos años y que el primer informe situacional sobre lo avanzado en el proceso contra Toledo se dará el próximo 15 de abril.
Zeballos recordó que dicho estudios de abogados asesoró al Gobierno de Panamá en el caso seguido contra el ex mandatario Ricardo Martinelli, cuyo proceso de extradición demoró dos años y un mes.
El caso de Toledo Manrique figura entre las 21 preguntas del pliego interpelatorio aprobado por el Congreso de la República contra Zeballos, que deberá asistir al pleno el próximo jueves 21 de marzo.
Cabe indicar que el pasado 2 de febrero se autorizó la contratación de un estudio de abogados para coadyuvar a la defensa del Estado en el proceso de extradición contra el ex presidente Alejandro Toledo en Estados Unidos.
Se trata del Estudio Foley Hoag LLP, con sede en Estados Unidos, según precisó una resolución suprema publicada en esa fecha en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Al exlíder de Perú Posible se le investiga por presunto lavado de activos por las compras millonarias de inmuebles a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, con dinero que presuntamente provendría de actos de corrupción de su gobierno (2001-2006).
A Alejandro Toledo también se le investiga por haber recibido, presuntamente, una coima de US$ 20 millones por parte de la empresa Odebrecht para otorgarle la construcción de la carretera Interoceánica.
El exmandatario tiene una orden de prisión preventiva de 18 meses dictado por el juez Richard Concepción Carhuancho, además de una orden de captura a nivel nacional e internacional emitida por la Interpol, aunque esta medida no abarca territorio estadounidense.
