Minjusdh entrega 590 bienes incautados a gobiernos regionales y locales

Entre enero y septiembre de este año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entregó un total de 590 bienes incautados por delitos en perjuicio del Estado a 131 gobiernos regionales y municipales.

De los bienes entregados, 180 fueron asignados para uso temporal, mientras que 410 están en custodia para su futura asignación.

Estos bienes, que incluyen vehículos, inmuebles y muebles, representan un ahorro considerable para las gestiones regionales y municipales, ya que les permiten optimizar recursos y mejorar los servicios públicos.

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Las asignaciones se han realizado a 91 gestiones municipales (provinciales y distritales) y 40 gobiernos regionales.

Entre los bienes destacados para uso temporal se encuentran 173 vehículos, seis inmuebles y un mobiliario, distribuidos en diversas regiones del país.

Las regiones de Puno y Apurímac fueron las más favorecidas, recibiendo 31 y 30 bienes, respectivamente, lo que refuerza su capacidad para atender las necesidades de sus comunidades. Además, regiones como Cajamarca, Ayacucho y Junín también recibieron una cantidad notable de vehículos, con 14, 11 y 12 unidades, respectivamente.

En cuanto a los inmuebles, seis propiedades fueron distribuidas en cuatro departamentos, siendo Ayacucho el principal receptor con 2 inmuebles.

Las otras propiedades se asignaron en Áncash, Lima, La Libertad y Tacna, permitiendo a las administraciones locales contar con infraestructura adicional para servicios públicos y oficinas administrativas.

Respecto a los bienes en custodia para futura asignación, se destacan 353 vehículos, 31 inmuebles y 26 muebles distribuidos en distintas regiones del país.

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Giovanna Gonzales Soto, presidenta del Consejo Directivo de Pronabi, destacó que estas transferencias no solo restauran el valor institucional de bienes que antes estaban en manos de personas involucradas en delitos, sino que también refuerzan el compromiso del Estado con las comunidades más remotas y de escasos recursos.