El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, defendió la denuncia presentada por el exministro del Interior y actual jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, Juan José Santiváñez, contra un grupo de periodistas de Latina por la presunta comisión del delito de reglaje.
“El exministro tiene todo el derecho a hacer la denuncia si se ha visto afectado”, expresó en Canal N.
Luego Pérez Reyes, indicó que hay que permitir que el sistema judicial resuelva el tema sin ninguna presión.
En torno al papel de Santiváñez en el Gobierno, el ministro de Economía, sostuvo que no tiene ningún cargo que se sobreponga al del premier o de los ministro.
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Raúl Pérez Reyes sostuvo que exministro del Interior no tiene ningún cargo que se sobreponga al del premier o de los ministros. (Foto: Joel Alonzo / GEC)
El exministro señaló que el programa emitido el pasado 29 de junio, titulado ‘Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio’, expuso imágenes suyas, de su vehículo y de sus desplazamientos habituales.
Según Santiváñez, esta cobertura periodística incluyó actos de seguimiento con teléfonos móviles y cámaras, sin su consentimiento.
“Durante los días previos a la emisión del reportaje, personas desconocidas siguieron mis actividades, registraron lugares que frecuento y fotografiaron mi entorno”, detalló en su denuncia.
El exministro responsabilizó directamente a la periodista Mónica Delta, conductora y comentarista del espacio dominical, por no haber controlado los riesgos editoriales.
Además de Delta, la denuncia incluye al director del programa, Juan Subauste; al periodista Carlos Hidalgo, quien habría encabezado la cobertura; al camarógrafo; y a la empresa Latina TV.
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IPYS y SNRTV rechazan denuncia
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión sostuvo que “utilizar el sistema penal para silenciar voces críticas o incómodas representa una amenaza directa al derecho ciudadano a estar informado”.
“La labor periodística no puede ser objeto de persecución por parte de quienes ostentan poder político”, agregaron.
“Consideramos esta acción un grave atentado contra la libertad de prensa y un intento inaceptable de intimidar a quienes ejercen el periodismo investigativo. Utilizar el sistema penal para silenciar voces críticas o incómodas representa una amenaza directa al derecho ciudadano a estar informado y al rol fundamental que cumplen los medios en una sociedad democrática”, anotó
“La labor periodística no puede ser objeto de persecución por parte de quienes cumplen funciones públicas y están sujetos al escrutinio legitimo de la prensa”, se lee en el comunicado.
