El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, respondió este viernes ante el Pleno del Congreso a tres pliegos interpelatorios vinculados a temas sensibles de su gestión: la polémica reducción de más de 2,400 km² del área intangible de la Reserva Arqueológica de Nasca, presuntas irregularidades en contrataciones directas, incluyendo el caso IRTP, y la falta de atención a las recientes protestas laborales del sector en Cusco.
Durante su presentación ante la representación nacional, el ministro explicó que la necesidad de modificar los límites del área intangible de las Líneas y Geoglifos de Nasca responde a deficiencias técnicas en el trazo original de 1994, el cual no se elaboró con los estándares del sistema catastral actual ni en coordinación con el registro de predios. Recordó que ya en 2019, mediante la Resolución Ministerial 267-2019-MC, el propio Ministerio de Cultura reconocía la urgencia de replantear los límites de la reserva arqueológica de Nasca, lo cual evidencia que se trata de una problemática histórica.
LEA TAMBIÉN: Gobierno retrocede y anula resolución que reduce área de las Líneas de Nasca
Valencia subrayó que la decisión está respaldada por el marco legal vigente. En específico, se ampara en lo dispuesto en el artículo 7, literal B, de la Ley de creación del Ministerio de Cultura, que establece como funciones del sector la delimitación, catastro, investigación y protección del patrimonio.
Agregó que la modificación del polígono se basó en más de veinte años de investigaciones científicas —muchas de ellas desarrolladas por arqueólogos nacionales y extranjeros—, que incluyeron estudios de campo, excavaciones y análisis especializados.
Sobre la falta de coordinación previa con la Unesco, precisó que no existe una obligación legal de hacerlo antes de emitir resoluciones como la N.° 128-2025. Reiteró que el Estado tiene pendiente resolver la situación de la “gran poligonal” y aseguró que los valores que justificaron la inscripción de las líneas de Nasca como Patrimonio Mundial en 1994 siguen plenamente vigentes.
Ante las acusaciones sobre una presunta relación sentimental con una contratista del ministerio, el ministro negó tajantemente dicha versión y afirmó no haber mantenido ni mantener ningún vínculo sentimental con personal del Mincul.
Respecto a la contratación de Shirley Hopkins Cerna, quien habría recibido tres órdenes de servicio por S/ 30,000 cada una, Valencia rechazó haber tenido cualquier influencia en dicho proceso. Aclaró que la mencionada profesional ya brindaba servicios al ministerio desde mayo de 2024, varios meses antes de que él asumiera la cartera. Además, detalló que su vínculo fue mediante locación de servicios, sin que ocupase un puesto de confianza ni de planta. Remarcó que no intervino en ninguna etapa del proceso de contratación.
LEA TAMBIÉN: Congreso: Pleno aprueba interpelar al ministro de Cultura el viernes 13 de junio
Frente a los cuestionamientos sobre el uso de vehículos oficiales, señaló que estos se emplean exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones como ministro. Añadió que, para garantizar transparencia, toda la documentación vinculada a las órdenes de servicio otorgadas a la mencionada persona ya fue remitida al Ministerio Público.
Finalmente, en cuanto a una supuesta reducción de requisitos en los términos de referencia para facilitar la contratación de Hopkins Cerna como Analista Administrativo, Valencia desmintió dicha versión. Afirmó que los requisitos académicos y formativos se mantuvieron, y que lo único que varió fue un aumento en la exigencia de experiencia profesional, de cinco a diez años. Indicó que el proceso se llevó a cabo conforme a las normas establecidas para este tipo de servicios.
Ahora corresponde al Congreso decidir si las respuestas del titular del Minem fueron suficientes. En caso contrario, podría impulsarse una moción de censura, la cual necesita al menos 25 firmas para ser admitida y 66 votos para su aprobación.
