El Ministerio Público expresa su rechazo a la Ley 32330, publicada este sábado en el boletín de normas legales, que disminuye la edad de la responsabilidad penal común para delitos graves.
Esta ley modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo que los adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados y sancionados como adultos cuando cometan delitos graves.
Según detalló el MP a través de un comunicado, esto incumple la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Perú.
Asimismo, indicó que es importante precisar que en Perú ya existe un sistema de tratamiento a los adolescentes que infringen la ley penal.
“Ellos reciben medidas socioeducativas severas de hasta 10 años de internamiento, dentro de un enfoque resocializador del adolescente reconociendo que se trata de una persona en formación”, precisó.
¿Qué propone la nueva Ley?
Los adolescentes de entre 16 y 17 años que cometan delitos graves como homicidio calificado, sicariato, violación sexual, terrorismo, secuestro, trata de personas, robo agravado, extorsión y delitos vinculados al narcotráfico podrán ser juzgados bajo el régimen penal ordinario, es decir, como adultos.
Así, se elimina la exención de responsabilidad penal para este grupo etario en los casos mencionados, que hasta ahora solo recibían medidas socioeducativas incluso para delitos de extrema gravedad.
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¿Norma sería inconstitucional?
Para el Ministerio Público, la norma recientemente promulgada sería inconstitucional y contraria a las opiniones de los organismos competentes, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como los informes técnicos de expertos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y de Unicef.
“Advertimos que esta norma no guarda coherencia lógica con el ordenamiento legal peruano e internacional”, resaltó.
En esa línea, el Ministerio Público indicó que la presente ley es un retroceso en la protección de la niñez y adolescencia, y no es eficiente ni idónea para los objetivos que persigue, dado que el incremento de las formas de criminalidad y de la incidencia delictiva en el Perú obedecen a otras causas que requieren medidas eficientes de lucha frontal contra las organizaciones criminales, que no han sido adoptadas hasta la fecha, pese al clamor ciudadano.
Por ello, exigen la necesidad de la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento.
